Ocho vocales, deshonestos y reaccionarios, del CGPJ -en realidad insurrectos constitucionales pues su mandato caducó hace cinco años- nombrados a proposición del PP, y que siguen los dictados de Génova al pie de la letra para desestabilizar la convivencia, quieren sacar adelante una declaración institucional contra la Ley de Amnistía que planteará el Gobierno. Se trata de una acción política para deslegitimar a un gobierno legítimo, una clara injerencia del Poder Judicial en asuntos que competen al Legislativo, arrasando, como Atila, con la separación de poderes.

En su escrito dicen barbaridades de todo tipo: desde que se abole el Estado de Derecho, pasando porque Sánchez confunde el interés de España con el suyo para evitar un gobierno de derechas, hasta establecer, sin tener competencias ni esperar al Constitucional, la inconstitucionalidad de una proposición de ley que desconocen y que tendrá que debatir y aprobar el Parlamento. De salir adelante, será con la mayoría de la Cámara, representante de la soberanía nacional.

Estos jueces, con su hipocresía y pancismo, son indignos. Y ahí siguen, cinco años después, para no perder sus privilegios.