La posible suspensión del servicio de bicicletas eléctricas anunciada por la empresa Ride On en Pamplona ha encendido una señal de alerta que, lejos de quedarse en una simple reacción local, debe convertirse en el punto de partida para una reflexión más profunda. Tenemos la oportunidad de transformar esta crisis en una ocasión para repensar nuestro modelo de movilidad sostenible, pero esta vez con una auténtica perspectiva comarcal.

No es razonable que un servicio de transporte público con vocación ecológica y moderna, como es el de las bicicletas eléctricas compartidas, se limite únicamente al núcleo de una ciudad, olvidando al resto de la Comarca. Miles de personas se desplazan a diario entre localidades interconectadas -por trabajo, estudios o servicios-, y dejar fuera del sistema a municipios como Orkoien, Burlada, Zizur o Berriozar es perpetuar una visión parcial e injusta de la movilidad.

Ya en 2021 se perdió una oportunidad importante, cuando el Ayuntamiento de Pamplona decidió implantar el servicio de manera unilateral, sin contar con el resto de municipios ni con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP). Hoy, ante un nuevo escenario, parece claro que no solo es deseable una solución conjunta, sino que es imprescindible si aspiramos a una movilidad realmente sostenible y duradera.

Esta situación exige una respuesta política valiente y coordinada, que debería ser compartida por todos los municipios implicados. Es el momento de preguntarnos, como ciudadanía y como representantes públicos, qué tipo de Comarca queremos construir: ¿una en la que cada municipio va por libre? ¿o una que apuesta por soluciones colectivas, inclusivas y diseñadas para el bienestar común?

Extender este servicio a nivel comarcal no solo traería beneficios medioambientales, sino también sociales y económicos. Facilitar el acceso a una red de transporte limpio puede reducir el tráfico, las emisiones contaminantes y fomentar hábitos de vida más saludables. Pero también supone una oportunidad para reforzar la cohesión territorial y garantizar una mayor equidad en el acceso a los servicios públicos.

Ahora es el momento de que la MCP y los ayuntamientos que la integran asuman el liderazgo. Tienen la ocasión de demostrar que la colaboración intermunicipal no es solo una idea bonita, sino una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Porque, al final, serán los vecinos y vecinas quienes -con razón- nos impulsen a avanzar hacia una solución común. Y esa, sin duda, es la dirección correcta.