La verdad sobre el profesorado de Religión
Es preocupante la ligereza con la que se difunden falsedades sobre el profesorado de Religión. Cuando una afirmación infundada se repite de forma sistemática, deja de ser un error para convertirse en una campaña de desinformación contra un colectivo que es importante dentro del engranaje educativo.
En primer lugar, conviene apelar al rigor normativo. Resulta audaz opinar desconociendo la ley que les regula. El Real Decreto 696/2007 es nítido en su artículo 6: las administraciones deben garantizar que el acceso de los docentes de Religión se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Accedieron por baremo, en acto público y por orden de puntuación. Cuestionar este acceso es, en esencia, cuestionar la legalidad de la propia administración educativa.
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Por otro lado, se intenta generar confusión mezclando interesadamente el debate ideológico con el laboral. Se dice que quienes apoyaron la estabilización del profesorado en 2022 buscan “imponer” la religión. Nada más lejos de la realidad. Es necesario distinguir: mientras unos grupos pueden tener una motivación confesional, otros como Geroa Bai han demostrado que su apoyo se basa estrictamente en la defensa de los derechos laborales de un personal con contratos indefinidos. Apoyar la seguridad jurídica de cientos de trabajadores no es una cuestión de fe, es una cuestión de justicia social y coherencia administrativa.
Es necesario aclarar que la relación laboral de este colectivo es distinta por imperativo legal. A diferencia de otras especialidades, la normativa no les permite concurrir a oposiciones para ser funcionarios de carrera. No es un privilegio; es una limitación jurídica que la aceptan con profesionalidad. Por ello, tachar su labor de “inexistente” es una calumnia que insulta tanto a la inspección educativa como a la realidad de los centros, donde ellos y ellas asumen guardias, coordinaciones y tareas que sostienen el día a día de la escuela pública. Es hora de abandonar los prejuicios y la confusión deliberada. La profesionalidad de cientos de docentes merece, al menos, el respeto a la verdad.