Editorial de diario de noticias

La peligrosa paradoja del Supremo

La no estimación por el tribunal del delito de rebelión supondrá que a los presos por el ‘procés’ electos se les ha privado del derecho de representación y sufragio por un delito que no se produjo

10.02.2020 | 07:14

La no estimación del delito de rebelión supondrá que a los presos por el ‘procés’ electos se les ha privado del derecho de representación y sufragio por un delito que no se produjo

la sentencia del Supremo en el juicio sobre el procés contra los políticos soberanistas catalanes Bassa, Cuixart, Forcadell, Forn, Junqueras, Romeva, Rull, Sánchez, Turull, Borrás, Mundo y Vila (los nueve primeros en prisión preventiva desde el 1 de noviembre de 2017), que probablemente se hará pública hoy y que presumiblemente no les condenará por rebelión sino por sedición y malversación, y las especulaciones sobre el alcance de la misma dirigen la resolución hacia una paradoja, peligrosa para el Derecho como conjunto de principios de la Justicia, que ya se ha producido recientemente en otra sentencia del TS, la que rebajaba de forma mínima las penas impuestas a ocho jóvenes de Altsasu: si la imputación previa de un delito que finalmente se sentencia no cometido (terrorismo) en el caso Altsasu condiciona el procedimiento y supone un agravamiento de las condenas que el TS no corrige; en el juicio por el procés la inhabilitación para el ejercicio de los cargos representativos para los que algunos de los procesados han sido elegidos puede acabar siendo la imposición apriorística de una pena que no corresponde. Porque el tribunal que preside Marchena vetó el acceso de los políticos soberanistas presos a sus escaños en las Cortes o en el Parlamento Europeo tras considerar que no era necesaria la solicitud de suplicatorio a las Cámaras en el primer caso o impedir la ejecución de los trámites previos en el segundo. Al hacerlo, ignoraba el art. 21 del reglamento del Congreso y su correspondiente del Senado al no existir sentencia condenatoria firme, también el Título I (arts. 750-756) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, para hacerlo, como justificación, se esgrimió el art. 384 bis de la misma LECrim que se aplica a todos los funcionarios y que implica suspensión de funciones si se procesa y decreta prisión provisional por los delitos de rebelión o terrorismo. Y ahí radica la pararadoja que cuestiona todo el procedimiento precisamente cuando hoy el Tribunal de Justicia de la UE examina -¿casualidad?- el recurso de Junqueras respecto a su inviolabilidad como eurodiputado. Porque a los políticos catalanes presos se les ha privado del derecho de representación y sufragio que se enmarca en el derecho fundamental de participación política preservado por el art. 23 de la Constitución a raíz de la imputación de un delito de rebelión que, según se apunta, la sentencia del Supremo va a estimar que no se produjo.