l confinamiento de León y Palencia durante 14 días, ordenado por la Junta de Castilla-León ante el incremento de contagios; el primer día laboral del cierre de Madrid; la imposición del estado de máxima emergencia en París, con cierre de colegios y negocios en nueve zonas, y en tres departamentos colindantes; el aumento de restricciones en Londres, Nueva York. O las limitaciones de movilidad en localidades navarras como Peralta, Funes, Falces o San Adrián, incluso la posibilidad de su extensión a Pamplona-Iruña o Tudela... Las informaciones sobre la situación de la pandemia a nivel global suponen un severa advertencia respecto a la relajación en las medidas preventivas, también un nuevo llamamiento a la responsabilidad individual. Si en Navarra la situación es aún hoy diferente es en buena parte por la capacidad de su sanidad, la implicación de sus profesionales y las medidas adoptadas por Osasunbidea para afrontar los retos de esta segunda ola del coronavirus. Pero no se puede olvidar que, sobre todo, el porcentaje de positivos por PCR, con un 11% de nuevo ayer, sigue siendo muy alto y muy preocupante. De hecho, si Navarra ha podido sortear hasta ahora medidas más restrictivas se debe en gran medida al sistema de diagnóstico, rastreo y control y también al compromiso en las medidas higiénicas y de distanciamiento social que ha mostrado y muestra la gran mayoría de la sociedad navarra. Y precisamente por ese esfuerzo social generalizado, también económico desde las instituciones, además de por las ya evidentes consecuencias de la pandemia en el bienestar y desarrollo -más de 74.000 empresas han cerrado en el Estado español desde marzo- alcanzados durante décadas, no cabe tolerancia alguna con actitudes como las que se han producido puntualmente con la ocurrencia de las llamadas no fiestas en algunas localidades y otras reuniones de ocio principalmente nocturno o familiar. El relato de las actuaciones policiales cada fin de semana sigue siendo demoledor, no tanto por el número de implicados -y no solo ni tanto de jóvenes-, sino por la persistencia de la irresponsabilidad social y de las consecuencias que conlleva. Más allá de la imposición de sanciones cuando se producen comportamientos que constituyen un evidente riesgo para la salud pública, es la propia sociedad, incluyendo los sectores de la misma más concernidos o más cercanos a quienes egoistamente ignoran su responsabilidad, la que debe poner en valor el desacuerdo social.