Semana y media después de que se hiciera pública la denuncia por la inclusión, en varias webs municipales sobre memoria, de miembros de ETA condenados mezclados y equiparados con víctimas del terrorismo, los ayuntamientos gobernados por EH Bildu desactivaron por fin el viernes estas páginas, que habían generado una agria polémica.

La paralización “temporal” de estos injustificables contenidos que suponían una humillación para las víctimas de ETA era absolutamente necesaria y responde a un clamor que compartían todos los partidos a excepción de EH Bildu. Sin embargo, la coalición soberanista, tras negar todas las evidencias –al principio llegó a calificar los hechos de fake–, se había empeñado en una estéril batalla autojustificativa colocando a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, autora de las web, como parapeto y enmarcando todo en el ambiente preelectoral.

Ha tenido que ser la propia Aranzadi la que pidiera a estos ayuntamientos la inhabilitación de las páginas de memoria con el fin de “atender las sugerencias, propuestas y modificaciones que se consideren oportunas, desde la perspectiva de la convivencia de la ciudadanía del municipio”. Se trata de una decisión acertada, pese a que, una vez más, llega tarde.

Otros consistorios corrigieron el evidente error al día siguiente. Nadie ha pretendido –como pretendía contraargumentar de manera burda EH Bildu– socavar el bien ganado e indiscutible prestigio de Aranzadi, que ayer mismo dio otra muestra de buen hacer con la exhumación de los restos de un combatiente de la guerra del 36. Los espacios de memoria y la investigación y difusión sobre las violaciones de derechos humanos y de violencia injusta de motivación política son imprescindibles para conocer y entender lo sucedido, honrar a las víctimas desde la verdad, la justicia y la reparación, deslegitimar el uso de la violencia y garantizar que algo así no vuelva a suceder.

Tras la desactivación de las webs, queda ahora una imprescindible labor de reorientación de estos espacios en línea con las bases y criterios establecidos por Gogora, evitando confusiones y equiparaciones y con una denuncia nítida de la injusticia de la violencia y el terrorismo. Solo así podrán servir al objetivo propuesto de reconocimiento de las víctimas en favor de la convivencia.