La crudeza del informe sobre saturación de las redes eléctricas no aporta un novedad real sobre el estado de las mismas. No estamos ante una situación sostenida en el tiempo que la falta de voluntad política y debates estériles lleva camino de convertir en un lastre al bienestar colectivo. Con una ocupación de red eléctrica que roza el 95% en Navarra y casi el 100% en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la consecuencia es que resulta imposible incorporar nuevos proyectos de implantación industrial o elevar la producción, y con ella la sostenibilidad y competitividad de los existentes. El problema no se limita a Euskal Herria, pero en el caso de la CAPV ya ha sido medido en términos de empleo por el lehendakari Pradales: 70.000 empleos en peligro en la industria de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La irresponsabilidad política que hay detrás de esta situación alcanza a los responsables de planificar y ejecutar la actualización de la infraestructura durante la última década. Una decisión política agarrotada por debates sobre la conveniencia de las formas de generación eléctrica –renovable, nuclear, hidrocarburos– mientras se perdía un tiempo precioso en adecuar la red básica, mejorando la distribución acorde a la demanda y que provoca que nueve de cada diez peticiones de nueva conexión fueran rechazadas el pasado año.
Ni siquiera el apagón que levantó tantas ampollas y generó tantos reproches en abril ha servido para lograr de los partidos la función que les compete: garantizar el bienestar de la ciudadanía. El llamado decreto antiapagones, que habría permitido iniciar, entre otras medidas, un aumento de la capacidad de la red, fue rechazado en verano por un frente contranatura de PP, Vox, Podemos, Junts y BNG. Al Gobierno español le compete rescatar esas medidas en el mínimo plazo, como se comprometió, y a los partidos someterse a la responsabilidad en aras del bien común y no al secuestro del voto para fines particulares. El coste de la inacción se mide en calidad de vida, en tanto implica pérdida de oportunidades de crecimiento económico, de competitividad y del desarrollo social que solo aporta la capacidad de generar riqueza. La ciudadanía tendrá que exigir responsabilidades.