asan los años, cambian los ministros, se suceden los tiempos, llega un gobierno y luego otro de colores diferentes, da igual que sea el PP o el PSOE o incluso con Podemos, pero siempre permanece la querencia de los responsables de Interior a sacar a pasear la porra por las calles o a la patada en la puerta de los ciudadanos. Debe ser una necesidad irresistible que a cada nuevo ministro de Interior le invade el cuerpo y la mente desde que recibe la cartera del Ministerio. Algo así como una actitud irrenunciable que debe dar carácter al paso por el cargo. No sé. Más de 30 años después de aquel primer intento de legalizar la patada en la puerta policial de los domicilios particulares de aquel turbio ministro de Interior y presunto socialista que fue José Luis Corcuera, que el Tribunal Constitucional tumbó precisamente por inconstitucional, las recientes entradas policiales sin orden judicial en pisos donde se celebraban fiestas incumpliendo la normativa contra el coronavirus, así como su justificación posterior por parte del Ministerio del Interior que dirige ahora Grande-Marlaska, otro presunto socialista que hizo la alta carrera judicial de la mano del PP, ha vuelto a poner la defensa de los derechos y libertades sobre la mesa. Son numerosos los juristas que han denunciado la inconstitucionalidad de unos hechos policiales sin autorización judicial previa. La Policía e Interior han tratado de alegar la justificación de posibles delitos de desobediencia o de incumplimiento flagrante de la legalidad para saltarse el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio. Pero los juristas responden que no se puede vulnerar ese derecho fundamental por una mera falta administrativa como está tipificada la celebración de una fiesta en plena pandemia del coronavirus. Parece de cajón. Ni siquiera es delito. El problema es otro. Es ese intento permanente de las instancias gubernamentales por minorizar o reducir los derechos y libertades constitucionales y democráticas. El Constitucional tumbó la Ley Corcuera de la patada en la puerta y el PP contraatacó con su Ley Mordaza, una normativa involucionista desde el punto de vista democrático que supera en su espíritu reaccionario a la de Corcuera y supone un retroceso inaceptable de otra de las libertades fundamentales como es la libertad de prensa. La Ley Mordaza ha cumplido seis años ya de vigencia. El Congreso aprobó su derogación y los partidos que conforman el Gobierno de Sánchez, PSOE y Unidas Podemos, y la mayoría parlamentaria que lo sostiene se han comprometido a ello reiteradamente. Pero la realidad es que sigue activa y siendo más utilizada que nunca. Y esta vuelta a justificar el ejercicio de abuso de poder que supone la práctica de la patada en la puerta ilegal es un nuevo ejemplo de la resistencia a poner fin al compendio de retrocesos legales y penales, siempre en sentido restrictivo y punitivo, que han puesto en cuestión derechos democráticos constitucionales y han supuesto una regresión en las libertades fundamentales de las personas. Es cuestión de voluntad y precisamente es lo que parece faltar a la hora de la verdad.