ste es un Estado en el que periodistas alardean de conocer la información que elabora y dispone el CNI, el centro de espionaje español, sin que pase nada. Y menos aún si esas referencias a dossiers supuestamente secretos se refieren a políticos, empresarios, banqueros, la familia Borbón o cualquier otro segmento de las elites privilegiadas por la inmunidad. Acaba de pasar por el programa Salvados un ex director de ese CNI, Alberto Saiz -asumió el cargo entre 2004 y 2009-, y habló sobre las personas más protegidas y las más espiadas. Nada muy nuevo, pero interesante por el desdoro que implican sus palabras. También habló de los secretos oficiales como excusa para esconder y ocultar al a opinión pública hechos relevantes que afectan a los principios fundamentales de una democracia avanzada. Lo mismo intervenían o tapaban la guerra sucia y el terrorismo de Estado en todas sus diferentes versiones que recogían fondos para comprar el silencio de la amantes de Juan Carlos de Borbón o para facilitar la ocultación de sus delitos económicos. De hecho, Saiz confirmó también que muchos de los papeles que salvaguardan los secretos oficiales sobre los delitos de la dictadura franquista y de los poderes del tardofranquismo en la transición, incluidos los que afectan a los hechos que desembocaron en el intento golpista del 23-F, han desaparecido ya. Todo en orden. Uno tiene la sensación de que los documentos y grabaciones del comisario de las cloacas policiales Villarejo maneja más información que el mismo CNI. Una imagen metafórica de lo que ocurre en las profundidades oscuras de este Estado. Se elaboran dossiers ad hoc para influir en la actividad política democrática y se lanzan a través de periodistas de confianza de las cloacas como amenaza para los que se están portando mal políticamente de lo que les puede venir encima si siguen por esa senda. Se han insinuado primero la existencia de informes sobre la vida y andanzas de políticos varios y nadie del Gobierno en cada momento ha salido a desmentirlo, y luego esas insinuaciones se han convertido en realidades a través de campañas de acoso mediático y persecución judicial contra ellos o sus proyectos políticos. Ocurrió también con el caso de las informaciones elaboradas para desprestigiar a políticos catalanistas desde el Ministerio de Interior de Fernández Díaz. El ex ministro que está ahora acorralado en el banquillo por sus tropelías de espionajes y chantajes con una policía paralela creada a su alrededor para desprestigiar a adversarios políticos del PP y de paso devaluar el prestigio del modelo democrático. Echada la bola de la especulación periodística, la bola rueda cada vez más grande al ir acumulando más mierda insinuada. Es evidente que el CNI está para esas cosas y otras aún peores de pensar. Es uno de esos reductos donde el Estado establece sus cloacas oficiales para garantizarse la supervivencia, muchas veces por encima de la legalidad y la democracia. Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta, ni el presidente del Gobierno de turno, para qué, por qué y cuántos ciudadanos están incluidos en sus bases de datos. Es la política sucia, con cobertura legal, utilizando un servicio público del Estado para intereses personales o partidistas.