a semana comenzaba con la presidenta Chivite haciendo una cerrada defensa del actual modelo de coalición que sustenta su Gobierno e insistiendo en que esa es su apuesta política de futuro. Continuaba con unas declaraciones del vicepresidente Remírez en las que restaba importancia a las diferencias internas en el seno del Ejecutivo con Geroa Bai y con el resto de socios. Y culminaba el jueves en el Pleno de la Cámara foral con el PSN saltándose el Acuerdo Programático que le llevó al Gobierno en 2019 y a Chivite a la presidencia y cediendo a las exigencias de Navarra Suma para poder aprobar por la vía de urgencia la proposición de ley del consejero Gimeno sobre el PAI. No parece que esa normalidad en el Gobierno, incluidas sus diferencias, se correspondan con una decisión de ese calado político y jurídico. Porque Gimeno no sólo ha impuesto su proyecto de ley por encima de todo, con el añadido de asumir también todas las condiciones que le exigió Esparza, en contra de la posición de Geroa Bai y Podemos, que le habían reclamado esperar al informe del Consejo de Navarra, y de EH Bildu e I-E, sino que también lo ha hecho en contra del criterio de todos los sindicatos navarros excepto Afapna, próximo a Navarra Suma. Y lo ha hecho también pese a las voces jurídicas que advierten de la inseguridad jurídica de la normativa, incluso de su posible inconstitucionalidad. No se trata de la necesidad de estabilizar de las 350 plazas interinas del PAI actuales -son solo una mínima parte de los más de 15.000 interinos de la administración pública en Navarra-, sino de hacerlo por una vía jurídica legal. Si tan seguro está Gimeno de que su propuesta es jurídicamente segura no tiene sentido no haber esperado al Consejo de Navarra, más aún sabiendo que ese dictamen no es vinculante para el Gobierno y estando seguro, como alardea el PSN, de que va a ser favorable a sus tesis. Utilizar un atajo para tratar de evitar el rechazo del Ministerio de Educación y de los sindicatos a su propuesta solo puede acabar en un interminable proceso de recursos judiciales para esas plazas. Lo contrario a lo que se pretende. Además de poner a Chivite en la diana política como responsable de la inestabilidad que trasmite el Gobierno que preside y de obligarle a explicar por qué fue una de las 50 senadoras y senadores del PSOE que firmó un recurso de inconstitucionalidad contra el PAI de Baleares. Más bien parece que han sido las obsesiones personales de Gimeno -el euskera lo es-, las que se han impuesto a todo ello. Y en política cuando alguien traslada sus obsesiones personales a la gestión pública el camino acaba mal. No sé si el Gobierno de Chivite saltará o no por los aires, pero sí parece claro que sus diferencias son políticamente difíciles de explicar y socialmente incomprensibles. Las previsiones de crecimiento se mantienen en el 5%, los ingresos del primer trimestre han crecido un 10%, la confianza empresarial aumenta, el empleo resiste la guerra y la inflación, los datos de contratos indefinidos y afiliación de abril serán buenos y la convivencia avanza asentada. Ni tan mal en estos tiempos inciertos. Pero el Gobierno parece instalado en un estado de resignación que puede derivar en frustración social y ése es un mal estado de cara a las urnas. Un poco de aire para un más que necesitado Esparza.