os cambios legales importantes, en un momento socialmente delicado como este, tienen que ser sólidos y estar dirigidos a fijar y ampliar derechos para las mayorías sociales. Ahora necesitamos lograr que la acción de gobierno y la actividad sindical contribuyan a construir unas bases sociales fuertes, que hagan que quienes peor lo pasan durante los periodos de crisis e incertidumbre tengan una red social que les proteja. En ese camino crear empleo de calidad, atajar la alta precariedad de nuestro mercado laboral, tener un SMI fuerte o asegurar las pensiones públicas son medidas que desde cualquier espacio de izquierdas deberían ser valoradas.
Por eso en este contexto en el que el Diálogo Social está protagonizando los grandes avances sociales, queremos hacer un elogio del acuerdo frente a la unilateralidad de las medidas liberales que nos impuso el Partido Popular y, también, frente aquellas posiciones maximalistas que se alejan de la solución a los problemas cotidianos de la gente trabajadora.
Estamos en un momento crucial en el que se está haciendo un esfuerzo evidente para cambiar algunos de los mayores lastres de la economía y el mercado laboral. Para ello, se están tomando decisiones estratégicas y de calado social que provocarán un futuro distinto.
CCOO trabaja para que los sectores más precarios y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras mejoren sus condiciones. Esa es una mirada de sociedad con la que abordamos los debates que se han abierto a raíz de la pandemia. Más protección para todas las personas, esa ha sido nuestra brújula. Esto no va solo de nuestra parcela, de nuestra comunidad autónoma, esto va de construir una base de derechos sólida y común para todos los trabajadores y trabajadoras de España.
La reforma laboral, por ejemplo, piensa en grande, en general, tiene vocación de igualar derechos para todas las partes, para todos los trabajadores. Independientemente de dónde vivan, de dónde trabajen, y sin duda mejorará los derechos de miles de trabajadores, por eso cuesta entender las razones de quienes se oponen a estos avances.
Así, hemos sido capaces de romper el itinerario liberal y precarizador de anteriores leyes. En España, en época de crisis, se ha tendido a usar el despido como ajustador del empleo. Y en esta ocasión las cosas se dirigen en otra dirección. Anteriores gobiernos apostaron por la devaluación salarial, el uso ilimitado de la subcontratación, los recortes en derechos sociales y la austeridad ante el gasto público. El gobierno de Mariano Rajoy apostó por el unilateralismo y la imposición. Hoy, el camino es otro; más igualador, más ambicioso en lo social y, esperemos, más eficaz para construir una sociedad cohesionada.
En este momento de nuestra historia estamos quienes preferimos construir y consolidar un modelo más social y progresista, y están quienes prefieren hacer de la sobreactuación su forma de ubicarse en este contexto. Como decía el periodista Enrique Bethencourt "... desde esa atalaya permite ser tan críticos como puros. Nunca se equivocan porque nunca arriesgan y nunca hacen nada. Salvo expresar, de forma permanente, su más profundo rechazo".
En un balance de lo hecho sin duda hay sombras, pero una rápida mirada deja un resultado con mucha proyección de futuro. Llevar el Salario Mínimo Interprofesional al 60% de la media salarial en España es nuestro objetivo en esta legislatura, y subirlo a 1.000 euros como se ha hecho nos acerca al objetivo que se materializará el año próximo y que afectará especialmente a la gente joven, a mujeres, a personas con contrato temporal y a los trabajadores del campo.
Asegurar el sistema público de pensiones fue uno de los principios inspiradores de las grandes movilizaciones del colectivo de pensionistas, y hoy podemos decir que las pensiones públicas, las de ahora y las del futuro, están aseguradas. También la Ley Rider quebró la tendencia de algunos sectores y empresarios por la desregulación y la precariedad.
Todas ellas son medidas de futuro, porque creemos que la precariedad es reversible, y el de ahora es el acuerdo más ambicioso que se ha hecho nunca para terminar con la temporalidad de los nuevos contratos que se firman. En Navarra, más del 90% de los contratos firmados en 2021 han sido temporales. La precariedad es algo crónico de nuestro mercado laboral; por eso, algunos de estos cambios consolidan la idea de que la contratación debe ser indefinida por naturaleza.
Porque el riesgo ahora no es conseguir poco, sino no conseguir nada, que es lo que está en juego si en el futuro se imponen aquellas fuerzas que obstaculizan los avances.
El autor es secretario general de CCOO Navarra
