Han pasado 25 años del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Aquel hecho conmocionó de tal manera que se convirtió en el principio del fin de la estrategia definida como la “socialización del sufrimiento”. Y a la vez supuso el punto de inflexión en la movilización ciudadana contra ETA. Cinco lustros después, el homenaje al edil asesinado se ha convertido en el laboratorio perfecto de una lucha feroz por la batalla del relato y de la verdad. Un signo evidente de esto ha sido la ausencia de EH Bildu, de José Mª Aznar y de la AVT en el homenaje de Ermua.

Aznar tiene un especial “delito” porque el atentado se produjo siendo presidente del Gobierno, se supone que de todos, y en cambio sí asistió al homenaje partidista el sábado anterior. La razón que arguyó es que Sánchez mantiene sus pactos con EH Bildu… un partido legal, constitucional y con ETA sin atentar desde hace doce años y está disuelta oficialmente. Lo que brilla tras esta rabieta de Aznar es el acuerdo del Gobierno sobre la Ley de Memoria Democrática que prolonga el periodo a investigar hasta el año 1983. Esto supone la equiparación de todas las violencias así como el reconocimiento a todas las víctimas, no solo a las de ETA.

El objetivo de los varios pactos antiterroristas que se suscribieron durante décadas, empezando por el de Ajuria Enea, era conseguir que ETA dejara de matar y que sus seguidores defendieran sus posiciones por vías políticas. Es lo que hacen ahora, por más que Aznar y quienes le siguen, que no son pocos, eviten recordar que fue él el primero en autorizar una negociación con la dirección de ETA tras el asesinato de Blanco en 1997. Se celebró en Zúrich y no prosperó. Sin embargo, la unidad política frente a ETA no se rompió, porque el PSOE apoyó el intento del Gobierno del PP de buscar un final dialogado. No fue así con el proceso similar de Zapatero en 2005, porque el PP no lo apoyó.

Persiste la batalla por el relato verdadero y compartido que establezca una memoria ajustada a la realidad de lo que ocurrió. Pero no se puede lograr la unidad de todos los demócratas porque el terror también vino de esta parte del tablado político aunque algunos pretendan pasar página como sea. Me refiero a la ignominia de Aznar con el atentado de Vallecas y la atribución a ETA, me refiero a la creación y a los atentados del GAL, sin olvidarnos de la propagación calumniosa y la desmemoria orquestada desde variados medios de comunicación, al dictado y sin desmayo, para que cale afondo que la causa nacionalista vasca lleva en su fuero interno la semilla de la violencia y, por tanto, ETA es su consecuencia. Que el nacionalismo ha sido el origen ideológico del terrorismo etarra se ha convertido en el mantra mediático que ya apuntaba el Pacto Antiterrorista de diciembre de 2000.

Lo cierto es que ETA buscaba una réplica a la revolución comunista, su independentismo era respecto de la burguesía y el maoísmo la hoja de ruta que utiliza a las reivindicaciones nacionales como medio para el objetivo verdadero que no es otro que la materialización del comunismo. Se escucharon muchas veces que había que “albanizar Euskadi”. No tuvo reparos Francisco Letamendia, Ortzi, en reconocerlo públicamente en uno de sus libros: el marxismo entró en ETA a través del maoísmo. Y Federico Krutwig: la lucha de clases, toma la forma provisional de lucha contra el enemigo nacional. Esto no es una opinión, sino la realidad que deberá incardinarse también en la memoria histórica, donde la violencia inmisericorde alcanzó de lleno a todos, incluido a quienes trabajaban por la consolidación nacional vasca. Pero da más réditos la desacreditación del nacionalismo a la vez que a ETA utilizando la marea del antiespañolismo. Hoy la realidad es otra, afortunadamente, aunque el PP, Vox y sus voceros, mantienen un histrionismo impresentable moral y político, que no para en su criminalización contra EH Bildu y el presidente Sánchez por compartir apoyos parlamentarios. Si todo se podía hablar en ausencia de violencia, con mayor motivo ahora, cuando la legislación española encuentra perfectamente legal la presencia parlamentaria de una opción política –Bildu– que no se apoya en la violencia aunque no la condene explícitamente.

Asentar esta memoria justa, con todas las víctimas sin el uso partidista, sería el mejor homenaje que se puede prestar a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas asesinadas desde una idea política. A todas, incluidas las que siguen en las cunetas desde el aniquilamiento franquista que tanto terrorismo nos trajo, y cuyo número hoy no es menor a 140.000 personas, como bien ha recordado Aitor Esteban en el Congreso.