Oportunidad perdida para mejorar las villavesas con una gestión pública

Esta empresa, que lleva ya 14 años explotando las villavesas, tiene como objetivo principal ganar dinero, su propio beneficio, como cualquier otra empresa privada. Y arrastra, además, una gestión más que dudosa, como demuestra el fiasco que ha supuesto la electrificación de la línea 9 (cuyos cargadores no funcionan y se usan autobuses de gasoil), la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla, la precariedad laboral, las dificultades para la conciliación o el insuficiente mantenimiento de la flota.

ELA considera que el transporte urbano (TUC), como servicio público que es, debe ser gestionado directamente por la Mancomunidad. La gestión directa tiene como objetivo garantizar el mejor servicio público posible. Y para ello es necesario garantizar unas buenas condiciones laborales a quienes lo dan.

La gestión de los servicios públicos es una cuestión de interés general que afecta a la calidad de vida de la ciudadanía y al desarrollo de los derechos sociales. Por ello, es importante que el dinero público se destine a garantizar el acceso universal, la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad de estos servicios, y no a generar beneficios privados para unas pocas personas.

El TUC tiene un carácter esencial y estratégico. Sin embargo, se ha producido un proceso de privatización que conlleva una pérdida de calidad y que impide su desarrollo.

En definitiva, es una cuestión de modelo. Hay un presupuesto inicial de 631 millones de euros. Con un modelo de gestión de las villavesas privatizada, una parte importante de este presupuesto se lo llevará TCC a su casa como beneficio. Y con una gestión directa de la Mancomunidad, todo el presupuesto se utilizaría para garantizar la mejora constante del servicio y de las condiciones laborales de la plantilla.

Esta privatización busca maximizar los beneficios de las empresas a costa de los derechos de la ciudadanía. Y además genera una serie de problemas como la falta de transparencia (a día de hoy desconocemos, en el comité de empresa, las cuentas de TCC), el deterioro de las condiciones laborales, el incumplimiento de los estándares de calidad o el aumento de la desigualdad (bien conocido en el seno de la plantilla).

Por todo ello, con esta adjudicación se ha dejado escapar una oportunidad muy buena de recuperar el dinero público para la gestión directa del TUC, dinero que sale de toda la población de Navarra y principalmente de las personas de la Comarca de Pamplona.

Es necesario establecer en el transporte público unos mecanismos de control y rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana y garantizar una financiación suficiente que asegure el derecho de todas las personas a unos servicios públicos de calidad que, como en este caso, sirva para rebajar los niveles de contaminación de la ciudad y contribuya al bienestar colectivo.

*Por Maite Beorlegui, Francisco Javier Peru Larumbe, Pilar Lorenzo Fernández, Pepe Villarrubia. Delegadas y delegados de ELA en TCC