¿De quién nos fiamos?

Por mi parte, no voy a utilizar su tono, ni mucho menos, pero sí voy a decir claramente que sus informaciones son totalmente falsas, inexactas e interesadas.

Por contextualizar el tema, como es sabido ha habido una polémica y cruce de declaraciones entre el diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el consejero navarro de Medio Ambiente, acerca de los residuos líquidos que se enviaron desde Gipuzkoa a la empresa Ecofert en Artajona, que han provocado el cierre cautelar de esa empresa por no estar autorizada a tratar este tipo de residuos. Mi artículo se centraba, entre otras cosas, en una pregunta: a ver de dónde salían esos líquidos residuales enviados desde la planta incineradora de Gipuzkoa a Ecofert.

El Sr. Pedro Zuazo en su artículo viene a decir sobre esa pregunta que hablo del “envío a Ecofert de líquidos procedentes de la planta incineradora de residuos de Zubieta, cuando eso no es cierto, ya que provienen del tratamiento biológico que también se realiza en dicho Complejo Medio Ambiental de Gipuzkoa (CMG)”. Pues no, Sr. Zuazo.

Lo primero que hay que decir es que el CMG-1 (Complejo Medio Ambiental de Gipuzkoa- fase 1) tiene una única autorización ambiental integrada de “instalación para la incineración de los residuos municipales” que consta de dos unidades, una “planta incineradora y otra de biosecado”. Existe un acta de la asamblea general del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) que echa por tierra su afirmación de que provenían del tratamiento biológico. El 3 de noviembre de 2022, el presidente de GHK y su director informaron que la fuga de lixiviado está en un extremo del foso de almacenamiento de residuos de la planta de incineración de residuos, y que desembocaron en la regata Arkaitzerreka, a 250 metros de la planta de CMG1. A partir de esa fecha, se vaciaron de “lixiviado todos los fosos, depósitos, tuberías y arquetas, para impedir la continuidad de la fuga mientras se localiza y se repara” y se procedió a un “bombeo en continuo de todo el lixiviado generado a depósito estanco”. Ese es el lixiviado, residuo contaminante, que se ha enviado a las empresas Sader, en Bizkaia, y Ecofert, en Artajona.

En segundo lugar, Biomendi ha estado tratando cantidades muy superiores a las 31.991 toneladas en que estaba autorizada, como dice hasta el propio Gobierno de Navarra. Es más, el Gobierno de Navarra, mediante el Acuerdo de 27 de julio de 2022, estimó el requerimiento previo a la vía Jurisdiccional Contencioso Administrativa interpuesto por el Ayuntamiento de Mendigorría frente a la Resolución 62E/2022, de 7 de marzo, del director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, o sea, usted, por la que desestimaba la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la instalación de la planta de biometanización de residuos orgánicos, cuyo titular es Bioenergia Mendi, S.L., en Mendigorría de la que habla, y se estiman y desestiman los recursos y requerimientos pero luego se adopta una declaración anulatoria o revocatoria. Por lo tanto, la AAI se dejó sin efecto, y hay que retrotraerse a la AAI de 2013, en la que la empresa Biomendi solo puede tratar 31.991 toneladas, aunque las ha superado ampliamente año tras año.

En tercer lugar, el Sr. Zuazo dice en su artículo que “confundo la recepción de lixiviados procedentes de Gipuzkoa detectados en noviembre de 2023 con la recepción de residuos líquidos no autorizados con origen en una empresa navarra desde el año 2022”. Pues no, Sr. Zuazo. Aunque el Gobierno de Navarra ha tardado más de un año y 3 meses en detectar el envío de lixiviados desde la incineradora de Gipuzkoa, estos envíos se iniciaron el 16 de agosto de 2022, siendo el primer envío realizado con Documento de identificación DI20000911162022000381. Ese día se enviaron dos cisternas con 36.620 kilogramos (Plan de Vigilancia Ambiental 2022).

En cuarto lugar, el Sr. Zuazo parece que no se acuerda que Valle de Odieta y HTN, asociadas a la macrogranja de Caparroso, han recibido al menos desde el año 2014, 19 denuncias de Guarderío, Seprona, Ganadería, Calidad Ambiental, Economía Circular y Agua, y que el Juzgado de Tafalla ha detectado indicios de delito ambiental en la macrogranja Valle de Odieta en Caparroso por vertidos en el río Aragón en la Zona de Especial Conservación de la Red Ecológica Europea, en los tramos bajos de los ríos Aragón y Arga.

Pero también le tengo que decir que estoy de acuerdo con usted en algunas cuestiones. Una primera, constatar las diferencias tan importantes que tenemos sobre las plantas de biometanización, sobre las que usted es un firme defensor. Como decían en un artículo en este diario Jesus Arbizu (Txurio) y Mikel Saralegi, “no es energía limpia todo lo que reluce. Es imposible hablar de biometanización en Navarra sin considerar la constelación de dinámicas y conflictos en las que éstas se inscriben: el despliegue de las macrogranjas y la extensión de un modelo hiperintensivo de ganadería, la generación de una cantidad ingente de residuos orgánicos, el impacto negativo sobre el suelo fértil…”.

En segundo lugar, estoy de acuerdo con usted cuando dice que “las administraciones públicas deben informar a la población de forma más clara y concreta del comportamiento de las instalaciones industriales...”. ¿Se trata de informar ahora? ¿Y antes no?

Yo también me pregunto, como lo hacía en el titular de su escrito Pedro Zuazo, exdirector del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Gobierno de Navarra, ¿de quién nos fiamos?

El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente