El monumento a los Caídos fue erigido en 1942 en el contexto de un régimen totalitario franquista, con el fin de exaltar la violencia y el genocidio perpetrado por los militares golpistas del 18 de julio de 1936. Su mera presencia en el espacio público vulnera los derechos y la memoria de las víctimas del franquismo en Navarra. Desde su construcción, su existencia ha sido combatida por organizaciones sociales y políticas progresistas. Sin embargo, la formación de una entente de bloqueo entre la derecha navarra y el PSN durante las legislaturas 1979-2015 ha impedido avances en el respeto de los derechos a la verdad, la reparación y la justicia efectiva.
Los antecedentes políticos de la formación de esta entente se manifiestan en la circular enviada el 14 de febrero de 1978 por el Comité Provincial del PSOE de Navarra, que instruía a las agrupaciones locales para que se abstuvieran de participar en actividades que proyectaran una “imagen revanchista” (AKT, 2008, Mikelarena, F. 2015). Esta circular marcó el primer paso de su connivencia en la estrategia del bloqueo. Rafael Zalacaín, quien tenía el carnet nº 1 del PSOE en Navarra, advirtió días antes en la Asamblea de la UGT (11-2-1978) que debido a las decisiones políticas que se estaban tomando los dirigentes del PSN acabarían “trepando sobre los cadáveres de los fusilados en 1936 para llegar a la Diputación” (Bueno, Mikel, 2020. Nos llamarán chaqueteros).
El Manifiesto de la Plataforma por el Derribo del Monumento subraya que su desaparición no es solo un acto simbólico, sino un requerimiento moral y legal. La reparación a las víctimas del franquismo exige la demolición de este monumento conforme a los principios de verdad, justicia y reparación reconocidos en la legislación internacional. La construcción de una narrativa histórica objetiva y de compromiso social debe comenzar por eliminar del espacio público los símbolos que exaltan el genocidio perpetrado.
La Ley 20/2022 de Memoria Democrática proporciona los mecanismos legales para proceder a la eliminación de este símbolo. Sin embargo, las inercias de la dirección del PSN respecto a la caducada “entente del bloqueo” (lo antiguo persiste y lo nuevo no emerge) le mantiene anclada a los postulados de la derecha navarra. Así lo vienen demostrado en los distintos debates institucionales en las que este tema ha sido analizado: Sesión Plenaria Municipal (01/02/2024) y Comisión de Memoria y Convivencia del Parlamento (22 de mayo de 2024).
La exhumación de los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo en 2016, impulsada por el ayuntamiento presidido por Joseba Asiron, fue un pequeño paso en un proceso más amplio y aún inconcluso.
Es hora de que los responsables políticos actúen. El derribo del monumento a los Caídos es una necesidad urgente. No se trata solo de eliminar un símbolo del franquismo, sino de dar un paso decisivo en el proceso de reparación moral e histórica. Es crucial que fuerzas como Bildu y Geroa Bai se comprometan plenamente con esta causa, sin ambigüedades. Es un imperativo que los actuales dirigentes del PSN rompan definitivamente con la complicidad mantenida durante las anteriores legislaturas con la derecha navarra y actúe de acuerdo con las demandas de las asociaciones de víctimas.
La sociedad navarra y las asociaciones memorialistas no pueden esperar más. El derribo del monumento es un deber ético y una exigencia democrática que no puede ser postergada. Las generaciones que combatieron el fascismo, así como las presentes, lo exigen.
El autor es historiador
