La sostenibilidad no puede esperar

Cuando las instituciones tardan en actuar, quienes pagan el precio no están en los consejos de administración ni en las mesas de negociación. Suelen ser comunidades invisibles, personas sin protección o territorios degradados, lejos de los centros de decisión. Por eso, la aprobación en febrero de la Directiva europea sobre diligencia debida en sostenibilidad fue mucho más que un trámite: por primera vez, la actividad económica debía responder de su impacto en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor.

El avance, sin embargo, llegó tras intensas presiones y concesiones. El texto final ha sido claramente rebajado respecto a su ambición inicial: se han limitado su alcance, recortado obligaciones –especialmente en materia climática– y debilitado salvaguardas clave. Aun así, conviene no perder la perspectiva: incluso descafeinada, esta norma es mejor que la ausencia de reglas vinculantes. Marca un punto de partida y refuerza una convicción irrenunciable: habrá que seguir avanzando.

Resulta especialmente preocupante que, además de esa ambición reducida, en España su transposición se esté demorando hasta un horizonte efectivo de 2028. Ese calendario no solo diluye su impacto, sino que lanza un mensaje peligroso: que los derechos humanos y la protección del planeta pueden esperar.

Llevamos años alertando de las consecuencias de estas demoras. En un mundo atravesado por conflictos, crisis climática y desigualdades, muchas vulneraciones de derechos están ligadas a decisiones empresariales tomadas lejos de donde se sufren. Trabajo forzoso, acaparamiento de tierras, contaminación o persecución de personas defensoras suelen esconderse tras cadenas de suministro opacas y sin control.

Conviene insistir en algo esencial: la diligencia debida no es una amenaza, sino una oportunidad. Aporta seguridad jurídica, fija reglas comunes y protege a las empresas que ya avanzan hacia modelos responsables. Retrasar su aplicación prolonga la impunidad de quienes compiten externalizando costes sociales y ambientales, y genera incertidumbre para víctimas y empresas.

Además, existen vías claras para facilitar la adaptación: una transposición temprana, guías sectoriales, acompañamiento a los equipos, priorización de proveedores con garantías sociales y ambientales, y relaciones comerciales más estables y transparentes. La sostenibilidad, lejos de ser un freno, puede ser un motor de resiliencia y competitividad.

España tiene, además, una responsabilidad añadida. Lideró la negociación de esta directiva durante su presidencia del Consejo de la UE. Defender una Europa ambiciosa y enfriar su aplicación interna es una incoherencia difícil de sostener.

Desde Navarra sabemos que existen caminos posibles y realistas. En los últimos años, varias Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) hemos venido colaborando con la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) para acompañar a empresas en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su estrategia y en su práctica diaria. No se trata de dar lecciones ni de imponer nada, sino de dialogar, identificar riesgos, mejorar procesos y alinear la actividad económica con el respeto a las personas y al entorno.

Esta colaboración demuestra que el tejido empresarial navarro tiene capacidad para anticiparse, aprender y adaptarse. También evidencia que la sostenibilidad no es un freno a la competitividad, sino una palanca para construir empresas más resilientes, responsables y conectadas con los desafíos globales. Ese es el camino que puede y debe reforzarse con un marco normativo claro, exigente y coherente con los compromisos europeos.

Y además, esta tendencia responde a una demanda social ampliamente respaldada: el 80% de la ciudadanía considera que el desarrollo sostenible debe ser una prioridad y el 85% ve esenciales las regulaciones de sostenibilidad corporativa. Entre el sector empresarial, un 63% de los líderes considera justo exigir planes de transición y un 68% cree que la Unión Europea y sus empresas deben dar ejemplo en estándares de sostenibilidad, lo que refuerza la legitimidad de avanzar en obligaciones de diligencia debida sólidas y efectivas.

Por eso, la transposición de la directiva debe abordarse con urgencia, ambición y participación. Urgencia, porque cada retraso implica derechos vulnerados sin reparación. Ambición, para que la norma no pierda su sentido. Y participación, incorporando a todos los actores implicados.

La sostenibilidad no puede ser una palabra vacía ni una promesa aplazada. Necesitamos un marco legal que sitúe la dignidad humana y el cuidado del planeta en el centro. Y lo necesitamos ahora.

Porque, en el fondo, no se trata solo de cumplir con Europa. Se trata de decidir qué modelo empresarial queremos impulsar y qué tipo de sociedad estamos construyendo en Navarra.

Oxfam Intermón en Navarra. Coordinadora de ONGD de Navarra