Lo que está ocurriendo en los juzgados de lo social de Navarra no es una simple disfunción del sistema. Es un colapso en toda regla. Y lo más grave: es un colapso conocido, diagnosticado y, sin embargo, desatendido por quienes tienen la responsabilidad de ponerle solución.
Desde UGT Navarra llevamos tiempo denunciando una situación que ahora ya nadie puede negar. Año a año crece el número de casos pendientes de resolver. Hablamos, por tanto, de una sobrecarga estructural, no de un repunte puntual.
Pero más allá de los números (a buen seguro que el Consejo General del Poder Judicial podría dar luz al respecto), la respuesta institucional por parte del Consejo General del Poder Judicial ha sido, sencillamente, insuficiente. O peor aún: inexistente. Según comentan nuestros servicios jurídicos y comentan los juristas, la situación podría justificar la creación de una nueva plaza judicial. Sin embargo, la realidad es que parecen que descartan cualquier medida de refuerzo, y habría que preguntarle por qué. ¿Cómo se puede sostener que el sistema funciona cuando miles de trabajadores y trabajadoras deben esperar años para ver resueltos conflictos que afectan directamente a su subsistencia?
Porque esa es la realidad. Los asuntos urgentes se están señalando entre junio y septiembre de 2026, y los no urgentes se empujan ya a 2027. Esto no es justicia ágil. Esto es una justicia desbordada, que llega tarde y, por tanto, deja de cumplir su función.
Se nos dice también que la pendencia media –más de mil quinientos asuntos– está en línea con la media nacional, y que el tiempo medio de respuesta, casi un año, es incluso inferior al estatal. Pero este análisis, frío y burocrático, ignora deliberadamente la realidad social que hay detrás de cada expediente.
Para una persona trabajadora despedida, esperar casi un año para obtener una resolución no es un dato estadístico: es una situación de angustia, de incertidumbre y, en muchos casos, de precariedad económica. Para quien reclama salarios adeudados, ese tiempo puede significar no poder pagar el alquiler o llegar a fin de mes.
Compararse con la media nacional no puede ser la coartada para la inacción. Si la media es mala, lo que hay que hacer es mejorarla, no utilizarla como excusa.
Un urgente y necesario cambio de rumbo
Desde UGT Navarra queremos denunciar con claridad esta situación y señalar a los responsables. Porque el colapso de los juzgados de lo social no es inevitable. Es el resultado directo de decisiones políticas: de no crear nuevas plazas, de no reforzar plantillas, de no anticiparse a una litigiosidad creciente en el ámbito laboral. Mientras tanto, quienes sostienen el sistema están al límite. Queremos trasladar todo nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, así como a los letrados y letradas del ámbito laboral. Ellos y ellas están soportando una presión constante, con cargas de trabajo desproporcionadas y sin los medios necesarios. No son el problema. Son, de hecho, quienes están evitando que el sistema colapse aún más.
Pero no podemos seguir normalizando esta situación. No podemos aceptar que se considere “razonable” una sobrecarga que nos lleva a estas dilaciones. No podemos admitir que se nieguen refuerzos mientras los juzgados trabajan muy por encima de su capacidad. Y, desde luego, no podemos tolerar que se minimice el impacto real que esto tiene sobre los derechos de la clase trabajadora.
Porque cuando la justicia laboral se retrasa, los derechos se debilitan. Un despido improcedente que tarda en resolverse pierde eficacia como mecanismo de protección. Una reclamación de cantidad que se alarga en el tiempo favorece, en la práctica, a quien incumple. El mensaje que se traslada es peligroso: que vulnerar derechos puede salir gratis si el sistema no responde a tiempo.
Desde UGT Navarra exigimos al Consejo General del Poder Judicial un cambio inmediato de rumbo. Exigimos la creación urgente de nuevas plazas judiciales en el orden social. Exigimos refuerzos efectivos de personal en todos los niveles: jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y personal de apoyo. Exigimos una inversión real en medios materiales y tecnológicos que permita agilizar los procedimientos. Y exigimos, sobre todo, voluntad política. Porque los datos están encima de la mesa. El diagnóstico está hecho. Lo único que falta es actuar.
No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras la justicia laboral se deteriora. Si no se toman medidas, intensificaremos nuestras acciones y denunciaremos esta situación en todos los ámbitos necesarios. Porque lo que está en juego no es solo el funcionamiento de unos juzgados. Lo que está en juego es la garantía efectiva de los derechos laborales en Navarra. Y eso, sencillamente, no lo vamos a permitir.
El autor es secretario general de UGT
