Fue publicitada como la mayor operación policial contra la violencia en el fútbol español y culminó con la macrorredada efectuada en marzo del año pasado por la Policía Nacional donde se arrestó a 84 aficionados ultras, 61 de ellos miembros de Indar Gorri, y el resto radicales de los United Family del Betis.
Las detenciones estaban relacionadas con una reyerta previa al partido entre el Betis y Osasuna celebrado el 29 de octubre de 2023 en Sevilla. Los hechos ocurrieron en los aledaños del estadio Benito Villamarín, antes del inicio del partido entre ambos equipos correspondiente a la jornada 11 de la Liga pasada.
Ahora, semejante despliegue de medios operativos ha quedado en agua de borrajas. No habrá ni juicio por unos incidentes en Sevilla en los que no hubo denuncias entre los perjudicados y tan solo se constataron daños en algunos vehículos estacionados en la zona. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha decretado el archivo provisional de la causa y que no se practiquen más diligencias de investigación habida cuenta de que “se desconoce la identidad de los autores que causaron los daños y de los que agredieron a los jóvenes lesionados, quienes tal vez por el concepto de omertá al que alude la Policía, nada reclaman y no identifican a los agresores”.
Una pelea con seguimiento por parte de los hinchas béticos
En un auto fechado hace dos semanas, el juez recuerda que en la mañana del 29 de octubre de 2023 se produjo una reyerta en la zona de las calles Montón y Tramontana de Sevilla entre seguidores de Betis y Osasuna, vestidos de oscuro y con pasamontañas muchos de ellos. En el lugar, los agentes identificaron a un radical del Betis, “quien al parecer controlaba los movimientos de los visitantes y lo comunicaba a sus compañeros”.
Y también del lado de los seguidores de Osasuna, “tras un enfrentamiento donde hicieron uso de palos, barras de metas y otros objetos contundentes” se identificó a un forofo del equipo rojillo que resultó herido por parte de los ultras del Betis. Hubo además daños en tres vehículos y también resultó herido otro ultra del Betis que presuntamente fue golpeado por seguidores navarros. A raíz de la investigación efectuada por el grupo VII de la Brigada Provincial de Información en Sevilla de la Policía Nacional se identificó a 26 seguidores del Betis y a 60 de Osasuna, que fueron detenidos unos en Sevilla y los otros en Pamplona. Todos ellos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar y fueron puestos en libertad, en la capital navarra por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, que ni siquiera accedió a la prohibición de acercamiento a los estadios de fútbol que proponía la Liga, que ejercía la acusación.
En el auto ahora conocido, el juez de Sevilla llega a la conclusión de que “es innecesario continuar la instrucción pues no se desprende de los vídeos e imágenes aportados la participación concreta de ninguno de los investigados”. En este sentido, el instructor recuerda que “el trabajo policial ha sido ingente y las imágenes y llamadas aportadas demuestran la existencia de una situación tensa prolongada durante varias horas en la que grupos de radicales se enfrentaron con motivo de un partido de fútbol, llegando a la agresión con medios contundentes. Y hay que decir que lo hicieron sin otro motivo que el mero deseo de causarse daños y lesiones”, explica en su resolución judicial.
Las imágenes demuestran el salvajismo de los participantes
El argumentario del juez continúa aludiendo a que “hay imágenes grabadas en una entidad bancaria en la avenida de Reina Mercedes que demuestran el salvajismo de los participantes en una agresión concreta, pero no se desprende de las mismas la identidad de los autores. En el delito de riña tumultuaria ha de demostrarse la participación en la riña siendo un delito de mera actividad, pero ha de demostrarse esa participación y ello no se da en el presente caso, incluso en el caso de aquellos investigados frente a los que no se adoptaron medidas cautelares (como fue la prohibición de acceder a estadios que sí se impuso de forma temporal a cinco hinchas del Betis), pudiendo servir las imágenes grabadas para adoptar dichas medidas pero no para mantener una imputación.
Obviamente, concluye el auto judicial, "los delitos de daños a los vehículos y las lesiones causadas a dos aficionados no pueden sino sobreseerse dado que no aparecen específicamente determinados los autores aunque los hechos delictivos se produjeron”.
Una vez que concluyó la macrorredada y el operativo policial, Indar Gorri denunció en redes sociales la misma y recibió el apoyo de varias organizaciones e hinchas de otros equipos como Iraultza del Alavés, Herri Norte del Athletic, Riazor Blues del Deportivo o el Frente Blanquiazul del Tenerife. Asimismo convocó concentraciones para denunciar la represión y las detenciones practicadas. Cientos de personas secundaron la convocatoria realizada en marzo, que desfiló por las calles del Casco Viejo de la capital navarra con una pancarta donde se podía leer Errepresioari hortzak erakutsi (firmes ante la represión) y con bengalas y petardos. “Seguimos soportando la represión policial. Mientras, el club, callado. Queremos decirles a nuestros amigos que no se preocupen por nosotros, a nuestros enemigos, que lo hagan. Sistemáticamente estamos siendo expulsados de El Sadar y el club mantiene su complicidad con la Policía”, denunciaron.
