Los adjudicatarios de vivienda protegida de Maristas quieren clarificar las dudas legales que tienen sobre el precio de sus viviendas, razón por la que rechazaron este jueves la propuesta de la empresa gestora para aceptar los costes de derribo y construcción que supone renovar el viejo colegio.
El objetivo de la promotora era avanzar en la contratación de las obras pero los cooperativistas han preferido dejar sobre la mesa los presupuestos que les ha presentado el Grupo Arrasate (entorno a 16,4 millones con Obenasa y Chivite-Garbayo como posibles constructoras) -el acuerdo requería mayoría simple en la asamblea- con un resultado de 56 votos en contra y 33 a favor más seis abstenciones. El segundo punto -complementario- sobre las demoliciones del viejo edificio recibió a su vez 54 votos en contra, 37 a favor y cuatro abstenciones.
Los socios cooperativistas, acompañados esta vez de un abogado, quieren en realidad abrir un plazo que permita estudiar con mayor profundidad la viabilidad de la operación, y en el que tanto el Gobierno de Navarra como la promotora del conjunto residencial (Grupo Arrasate) clarifiquen posturas, aducen.
Los adjudicatarios (constituidos en cooperativistas y, por lo tanto, promotores de las VPO), que llevan más de 21 meses esperando a que se reactiven los trabajos de sus VPO y VPT mientras ven cómo culminan las obras de los dos nuevos edificios libres, se oponen a asumir los sobreprecios en viviendas protegidas y temen a su vez perder las subvenciones previstas si lo hacen.
La promotora daba por otro lado a partir de hoy un plazo de quince días para que los socios asumieran las llamadas "aportaciones", es decir, el sobrecoste de las obras que se estima entorno a millón y medio. Al parecer la promotora ha ofrecido asumir la mitad del sobrecoste si bien los socios desconfían de a cuánto ascenderán los precios finales y quién los asumirá, según los cooperativistas. Este punto requería el apoyo de dos tercios de los participantes.
Los cooperativistas han propuesto varias opciones para no asumir la derrama que plantea la gestora (Grupo Arrasate). Una de ellas es que el grupo rebaje su comisión como gestor de las dos cooperativas (libres y protegidas). La promotora habría aceptado una rebaja pero los socios no lo ven suficiente. Otra vía es la compra de garajes y trasteros de las viviendas libres en construcción, con una rebaja en un 35% de los precios de venta. Tampoco descartan participar en el beneficio que resulte de la instalación de un supermercado de Mercadona en sus bajos comerciales. Al parecer, la cadena ya ha solicitado la licencia de obras.
La votación ha sido secreta aunque los socios habían pedido que fuera abierta tal y como lo establecen los estatutos. En ruegos y preguntas también se ha pedido incorporar a más gente a la junta rectora para seguir negociando con el Gobierno de Navarra, el Ayutamiento de Pamplona y la empresa Grupo Arrasate.
Cabe recordar que la empresa gestora de las viviendas protegidas previstas en el edificio del antiguo colegio de Maristas (77 VPO y 31 VPT) detalló el pasado lunes a las 108 personas adjudicatarias el aumento de los costes que el grupo Arrasate ha calculado para hacer viable la construcción. Los responsables de Grupo Arrasate ya habían advertido que no iban a asumir el sobrecoste ya que el grupo funciona como gestora, no como promotora y que la aportación extraordinaria no tiene nada que ver con el precio de adjudicación.
Justificaron así que ha habido un incremento en los precios de la construcción que excede al precio tasado y que en una cooperativa esto debe ser asumido por los cooperativistas que actúan como promotores. Los socios cooperativas tenían sobre la mesa las dos propuestas de la constructora Obenasa, uno con mediciones cerradas de 16,4 millones, y otro con mediciones abiertas de 15,7 millones. El plazo de ejecución se estima en 20 meses, a los que, según se les dijo, habrá que sumar 4-5 meses más para recibir la licencia de obras.
Como miembros de la cooperativa de viviendas, cada adjudicatario deberá asumir el sobrecoste para poder iniciar la construcción de los pisos, que son diferentes, según la tipología (VPO o VPT) y superficie. En el caso de las VPO, para la vivienda más barata, de 42 metros cuadrados y con un precio de 81.000 euros, se pide un sobrecoste de 6.900 euros, y para la más cara, de 112 metros cuadrados y un precio de 211.906 euros, el incremento que se les propone es de 18.200 euros.
En el caso de las VPT, la más barata, de 192.000 euros con 88 m2, el sobrecoste planteado es de 16.500, mientras que una de 118 m2 y 259.000 euros, tendría que pagar 22.300 euros por encima del precio del módulo. La vicepresidenta Begoña Alfaro, afirmó la semana pasada que “ni la ley lo permite ni vamos a admitir sobrecostes en vivienda protegida”.
Trasladó también recientemente a los adjudicatarios de Maristas que superar el precio de VPO y VPT impediría la calificación definitiva de las viviendas y el reintegro de las subvenciones. Recordaron también que la solicitud de calificación provisional se ha ido retrasando más de 18 meses.
De este modo, pidieron la calificación provisional en 2021, después en 2022, y la última solicitud data de diciembre de 2022, y fue concedida en mayo de 2023, según informó el departamento de Vivienda. La licencia de obra municipal se concede en diciembre de 2023.
Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona aseguró que no dará licencias de primera ocupación a las libres que se encuentran muy avanzadas hasta que la promotora construya las protegidas.
