Denuncian “deficiencias graves” y “alineamiento político” en el informe de expertos sobre Los Caídos

En un comunicado, la agrupación ha criticado que el informe "se sitúa fuera del marco del derecho internacional humanitario de respeto efectivo de los derechos de las víctimas" y "contiene graves contradicciones en su base argumental".

"Además, el propio comité reconoce, en su informe, que las 14 personas del mismo han sido nombradas a dedo, porque todas ellas comparten la tesis resignificadora del 'tripartito'. Confirma que el resultado del informe, tal como denunciamos el pasado día 16 de octubre, estaba precocinado", han subrayado.

La agrupación "sigue sosteniendo la incompatibilidad entre mantener en el espacio público un símbolo de exaltación fascista y el respeto efectivo de los derechos de las víctimas, y, en consecuencia, reclama la demolición del edificio, en consonancia con la legislación de Memoria".

Entre otras cuestiones, han considerado que el informe "presenta una deficiencia metodológica central: no incorpora de forma sistemática las fuentes primarias de análisis como los testimonios de las víctimas, familiares y asociaciones, indispensables para investigaciones aplicadas en memoria histórica y colectiva".

"La ausencia de mención alguna a protocolos de escucha activa y entrevistas cualitativas a las víctimas anula la solvencia del documento. Se añaden omisiones relevantes del corpus documental publicado y ofrecido por esta agrupación, en los dos últimos años, en tanto que es parte efectiva del debate sobre la cuestión (manifiestos, manifestaciones masivas, comunicaciones, más de dos centenares de artículos en prensa, el extenso dossier remitido al comité, etc.), una omisión que en ningún momento se explica en el citado informe, lo que afecta a la solidez de las afirmaciones y conclusiones que se expresan", han añadido.

Esta "carencia", han destacado, "se proyecta en la gobernanza del proyecto: las víctimas y sus familias carecen de capacidad decisoria en el diseño, los contenidos y el control de la gestión de un proyecto de estas características, al no existir mecanismos efectivos de escucha, contraste y coevaluación".

En conjunto, el informe "contraviene los estándares de un enfoque de memoria centrado en las víctimas y limita las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición".   

"CONSERVAR PARA OCULTAR"

Por otro lado, han remarcado que se apela a "mantener la prueba del crimen" para "justificar la conservación del cuerpo central del edificio, núcleo simbólico del conjunto, mientras se omiten categorías jurídicas precisas como crímenes de lesa humanidad y genocidio".

A su juicio, "la apelación moralizante a la 'barbarie' sustituye de forma impropia en un informe técnico de estas características, la tipificación penal internacional que corresponde y es obligado emplear: fue un genocidio; un crimen de lesa humanidad".

"Si la simbología situada en el espacio público se presenta como prueba y soporte pedagógico e historiográfico, las operaciones de destrucción (cripta) y ocultación (pinturas, cúpula, etc.) resultan internamente contradictorias: lo ilegible e inverificable deviene inservible también para la investigación histórica. En consecuencia, o la prueba es íntegramente verificable o, si no lo es, procede su retirada del espacio público conforme a la ley y a las garantías de no repetición. Por todo ello, el argumento de este apartado decae por su incoherencia interna y su insuficiente solvencia técnica y argumental", han manifestado.  

"EJEMPLOS PARADIGMÁTICOS QUE NO LO SON"

Según la agrupación, "los referentes de museificación citados en el informe (Memorial de Mauthausen-Gusen, Museo de la Paz de Gernika, San Telmo, Itsasmuseum, etc.) no son arquitecturas de exaltación fascista, sino lugares de memoria o equipamientos culturales neutrales".

"Tomarlos como modelo constituye un error conceptual, jurídico y sociocultural. No se aporta ningún caso internacional en el que una arquitectura de apología fascista haya sido conservada in situ y transformada en museo memorial", han manifestado.

Al "carecer de equivalencia funcional y normativa con el objeto analizado, metodológicamente y conceptualmente hablando la analogía (los ejemplos) no tiene validez y deviene en demagogia".   

EFECTOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEMOLICIÓN

Desde la agrupación han subrayado que la ley 20/2022 establece "de forma inequívoca el deber de eliminar y retirar del espacio público toda simbología y menciones conmemorativas de la sublevación militar y la dictadura". "Estas medidas son pilares de las políticas de reparación y de las garantías de no repetición. En ese marco, no cabe 'resignificar': cambiar la etiqueta no altera la prohibición material ni convalida la conservación de emblemas apologéticos", han apuntado.

En consecuencia, "la tesis sostenida por el informe del comité, según la cual la demolición 'favorecería' a los herederos del franquismo, es improcedente, se aparta del objeto central, esto es, los derechos de las víctimas y la legalidad vigente, resulta contraria a Derecho y, además, revictimiza a las familias al presentar su demanda como beneficio de sus victimarios".

"Instrumentalizar a las víctimas para cuestionar la legitimidad y la viabilidad jurídica y moral del derribo de esta simbología debería, por sí solo, invalidar el informe. Apoyar las tesis del informe del comité supone oponerse de plano a la praxis de retirada de casi tres centenares de símbolos franquistas en Navarra durante los 20 últimos años", han remarcado.

En este sentido, han planteado si "deberíamos reponer y "resignificar", el monumento a Sanjurjo, placas de caídos, placas de generales franquistas, Eusa, laureadas, etc., para mantener la memoria".   

CONCLUSIONES

Según la agrupación, el informe del comité "revela un alineamiento político con los definidores reales del proyecto, el 'tripartito' impulsor, a quienes se da un apoyo intelectual sin fisuras, lo que compromete la objetividad del propio comité".

El informe, a su juicio, "prioriza el relato histórico-arquitectónico, omite la incorporación efectiva de las aportaciones y exigencias históricas de víctimas y asociaciones memorialistas al debate, a la vez que presenta una participación sin escucha".

Además, "confunde conceptualmente ejemplos comparativos estatales e internacionales, y no ofrece ni contraste ni validación". "Rehúye el uso de categorías jurídicas clave, como genocidio y crímenes de lesa humanidad, mientras sostiene conservar el edificio como 'prueba del crimen', pero propone ocultar y destruir parte de su simbología, en clara contradicción con el valor pedagógico e historiográfico que se dice querer preservar", han añadido.

A su juicio, el informe "no alcanza el estándar exigible al no situar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y genocidio en el centro del debate". "La memoria democrática exige la retirada integral, la demolición irreversible de esta simbología apologética de la sublevación militar y la dictadura totalitaria franquista", han reivindicado.   Por todo ello, la Agrupación de Asociaciones Memorialistas ha emplazado a la ciudadanía y agentes sociales a participar en la manifestación por el derribo de los Caídos del sábado 8 de noviembre, a las 18 horas, desde la Plaza de la Libertad hasta el Ayuntamiento.