Mejorar la convivencia en Pamplona, recordar a las víctimas del terrorismo y poner freno a la crispación política son algunas de las cuestiones que recoge el Diagnóstico de la Convivencia realizado por iniciativa del Ayuntamiento, que ha de servir de base y fundamento para la elaboración del primer Plan Municipal de Convivencia que tendrá la ciudad.
Los datos han sido aportados este lunes en una rueda de prensa a la que han acudido los portavoces de las tres formaciones que integran el equipo de Gobierno, lo que refleja la importancia que tiene la iniciativa, que formó parte fundamental de los acuerdos que dieron paso a la moción de censura de 2023.
Han acudido el alcalde, Joseba Asiron, y los concejales delegados Garbiñe Bueno (EH Bildu), Mikel Armendáriz (Geroa Bai) y Txema Mauleón (Contigo-Zurekin).
Según han explicado, el diagnóstico analiza el estado de la convivencia en Pamplona de forma integral, incorporando la pluralidad de miradas existentes y atendiendo a diferentes dimensiones.
Temática diversa
Por ello, aborda cuestiones relativas a migración, diversidad, memoria o civismo, sin obviar la falta de consenso en torno a este Plan Municipal de Convivencia o la tensión y crispación política actual.
Como aspectos más positivos, un 40% de la ciudadanía destaca la convivencia vecinal en los barrios; un 36%, el uso de espacios comunitarios y la participación en actividades culturales; y un 27%, el respeto a la diversidad.
Entre las demandas, figuran la mejora de los servicios públicos (32%) y priorizar la intervención en los barrios (29%). En el polo negativo, un 52% de la población evita hablar de política y un 41% asocia la llegada de personas de otros países con una menor seguridad.
Según ha destacado el alcalde, el futuro plan se deberá configurar como una herramienta de carácter preventivo y de fortalecimiento democrático, en coherencia con el amplio respaldo ciudadano que muestra el diagnóstico: un 82% considera importante que la ciudad cuente con un Plan Municipal de Convivencia y solo un 3% no lo considera necesario.
Mikel Armendáriz ha criticado a UPN y PP por no haber participado en este proceso, pero ha garantizado que el futuro Plan tendrá en cuenta a todos los pamploneses. "La mano sigue tendida" ha señalado el edil de Geroa Bai en referencia a los dos partidos de la oposición.
Txema Mauleón, por su parte, ha asegurado que el estudio confirma a Pamplona como una ciudad donde la convivencia entre diferentes funciona bien, pese a la existencia de algunos indicadores conflictivos, y que es necesario trabajar para reducir la tensión.
Según este estudio, el 71% de la ciudadanía califica la convivencia actual en Pamplona como buena o muy buena, dato que contrasta fuertemente con otro: el 88% percibe un alto nivel de crispación en el debate político.
Ambos indicadores demostrarían lo alejadas de la realidad que estarían las estrategias de polarización de determinadas formaciones políticas, que llevan a que el 91% de la ciudadanía perciba que el enfrentamiento es cada vez mayor, pese a que en su entorno no lo es.
Según este diagnóstico, la memoria histórica y la memoria reciente vinculada a violencias de motivación política se configuran como la dimensión más sensible del futuro plan.
Un 70% de la ciudadanía considera prioritario incorporar medidas específicas de reconocimiento y memoria de las víctimas de ETA y de otras violencias políticas.
Un 82% coincide en la importancia de evitar su instrumentalización política. Se establece como clave no tanto cerrar debates complejos como articular un marco que permita abordar las tensiones de estos temas de memoria sin comprometer el conjunto del plan, ya que para un 72% de la sociedad pamplonesa persiste una deuda pendiente con las víctimas.
Factores de tensión
El diagnóstico identifica, asimismo, factores de tensión que, sin traducirse necesariamente en conflicto, sí afectan al clima social y pueden erosionar la convivencia a medio plazo. Entre ellos, destaca la crispación política y el endurecimiento del tono del debate público, especialmente visible en momentos simbólicos como contextos festivos o episodios de alta confrontación institucional.
El diagnóstico revela una discordancia entre la percepción sobre el ámbito político y el personal, ya que, a pesar del consenso casi total (91%) en que las posiciones políticas están cada vez más enfrentadas y de que se percibe un alto nivel de crispación en el debate político (88%), un 71% de las personas encuestadas califica la convivencia en la ciudad como buena o muy buena y un 59% afirma que en sus relaciones personales y su entorno cotidiano no percibe realmente esa crispación política.
A este respecto, el diagnóstico concluye que el Plan de Convivencia debería contribuir a reforzar una cultura democrática del respeto que proteja los espacios de cercanía y promueva formas de relación política coherentes con la convivencia normalizada que ya existe.
Otros datos de interés de este estudio son que un 82% de la ciudadanía considera necesario que la ciudad tenga un Plan de Convivencia (solo el 3% no lo ve necesario); que, para el 53%, el colectivo más expuesto a la discriminación son las personas migrantes o refugiadas; o que, para el 75% de la población, el uso que se hace de las redes sociales empeora la convivencia.
Priorizar las actuaciones en los barrios
Uno de los consensos más sólidos del diagnóstico se refiere a la gestión de la diversidad y, en particular, a la convivencia intercultural como eje estratégico de presente y futuro. Existe una preocupación compartida por el crecimiento de discursos hostiles hacia la población migrante. El racismo o la xenofobia se posicionan como la principal problemática que afecta a la convivencia para el 39% de la población.
El diagnóstico destaca que el Plan de Convivencia puede desempeñar un papel clave articulando enfoques preventivos (educación, sensibilización, mediación comunitaria, trabajo de barrio) con políticas estructurales que refuercen la inclusión, la igualdad de derechos y la cohesión social.
Identifica tensiones recurrentes en la convivencia cotidiana vinculadas a ruido, ocio, fiestas, molestias vecinales, turistificación, vivienda y densidad de usos, con especial incidencia en determinados entornos donde el incivismo y la gestión del espacio público son mencionados por el 14% de la ciudadanía como problemas relevantes.
Existe un consenso claro en que la respuesta institucional no puede basarse exclusivamente en normativa o sanción, sino que debe apoyarse en instrumentos prácticos de mediación y prevención.
Metodología
La metodología del trabajo presentado hoy incluye una encuesta ciudadana a 828 personas, aportaciones de los grupos políticos municipales (UPN y PP declinaron participar), del tejido social y asociativo, del Gobierno de Navarra, de entidades del ámbito de la memoria histórica y reciente, así como del análisis de diferentes fuentes documentales.
El proceso ha contado con la asistencia técnica de la Fundación Baketik y con CIES Análisis de Mercado y Opinión, con un presupuesto total de 35.695 euros IVA incluido (18.150 la encuesta y 17.545 el diagnóstico).
