El juez anula su auto que llevaba a juicio a los acusados de Falange y Tradición

En un nuevo auto fechado el 19 de marzo, que ha sido recibido con sorpresa mayúscula por las partes personadas en la causa, el juez Moreno anula también las actuaciones posteriores al 5 de febrero y deja el procedimiento judicial en el punto en el que se encontraba entonces.

Moreno toma esta decisión después de atender las peticiones de dos de los acusados, Jagoba Aldama Bolumburu y Fermín Domingo Turrillas, quienes argumentan que las acusaciones particulares personadas "no son agraviadas o perjudicadas" por los delitos que son objeto de esta investigación. A esta misma demanda se han sumado la defensa del imputado David Murillo Eslava y el fiscal, quienes entienden que "las acusaciones particulares no tienen legitimación ni pueden solicitar condena" por hechos que no les han perjudicado.

Entre tanto el juez, que precisa que debe asumir las alegaciones de las representaciones de los acusados, da a entender en su escrito que dejará fuera de la causa a los tres mencionados, si bien es una cuestión que deberá aclarar en otro auto, que presumiblemente hará público en un plazo breve.

las acusaciones se oponen En su resolución, el magistrado instructor ha desestimado las alegaciones presentadas por dos de las cuatro acusaciones particulares, que trasladaron sin éxito su oposición a esta nulidad.

En concreto, la representación de los concejos de Artica y Aizoáin considera "acreditada" la participación de Turrillas en las pintadas amenazantes que aparecieron en las tabernas Ipar Gorri, Ezpala y Zurgai de Pamplona, así como la tenencia de armas prohibidas. También recuerda que ambos concejos sufrieron destrozos en monumentos relacionados con la memoria histórica, así como amenazas de muerte si se reponían las placas que este grupo ultraderechista rompió. La acusación que ejercen estas localidades tampoco pasa por alto en su escrito otros antecedentes judiciales -algunos sonados como los casos de Garzón y Atutxa-, en los que hubo juicio y condena por la acusación que articulaban grupos particulares en contra de la opinión de la Fiscalía.

Similares argumentos emplea la representación de Sonia Polo -la txupinera de Bilbao que recibió una carta de FyT con una bala de 9 miliímetros-, que añade que Aldama abrió el apartado de correos "que efectivamente era utilizado por esta banda clandestina".

El procedimiento queda ahora pendiente de lo que dictamine el juez, si bien el escenario más previsible es que decida llevar a juicio a los otros tres imputados. Se trata de José Ignacio Irusta Sánchez, alias El Barbas y El Pater, y considerado el cabecilla del grupo; Javier López Monreal, El Lanas; y Borja Pérez Illera. Los tres fueron detenidos en octubre de 2009 y para ellos el fiscal solicita siete años de cárcel por amenazas y daños terroristas y el pago de 4.500 euros por los destrozos ocasionados.

Operó en 2009. Falange y Tradición (FyT) irrumpió en la escena pública en 2009, año en el que cometió la mayoría de los actos delictivos que le imputan a este grupo. Atentó principalmente contra monumentos relacionados con la memoría histórica y contra personas y negocios vinculados a la izquierda abertzale.

19 actos delictivos. El sumario recoge la comisión de 19 delitos atribuidos a FyT. Entre ellos están las amenazas de muerte que sufrieron el concejal de Batzarre en Ansoáin, Koldo Pla; la txupinera de las fiestas de Bilbao de 2009, Sonia Polo, que recibió una carta con una bala de 9 milímetros; el alcalde y varios concejales de Arbizu, a quienes hicieron la pintada con el texto Mendi, Balda, Iriarte, Araña. Orain zelatan. Bier ilgo zituztegu (Ahora os vigilamos. Mañana os mataremos); y el Concejo de Artica, al que advirtieron de que debería "atenerse a las consecuencias" en el caso de reponer las placas que FyT se encargó de destrozar.

Un grupo organizado con vocación de permanencia. Fue la juez Mari Paz Benito la encargada de investigar esta causa. Llegó a la conclusión de que FyT era un "grupo de extrema derecha organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado", según consta en el auto que remitió al Tribunal Supremo el 4 de marzo de 2010 para que fuera la Audiencia Nacional quien asumiera la causa.

La Audiencia Nacional no quiso asumir la causa. Inhibida Benito en la causa, correspondió ser asumida por el Juzgado nº 2 de la Audiencia Nacional, pero su titular, Ismael Moreno, rechazó hacerlo. Al final, el Tribunal Supremo le obligó a seguir este procedimiento judicial.

48

Entre 7 y 48 años de cárcel piden para los seis presuntos miembros de FyT. La cifra más baja es la que solicita la Fiscalía solo para tres de los imputados (José Ignacio Irusta, Javier López Monreal y Borja Pérez Illera), y exculpa a los otros tres, mientras que la más alta la pide Sonia Polo. También están personados los concejos de Artica y Ansoáin, Koldo Pla y el Ayuntamiento de Arbizu.