“El catalán no se toca y la escuela catalana tampoco. Basta de ataques a la lengua, a la enseñanza y al país entero. No permitiremos que se ponga en riesgo la cohesión social. Estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana. Basta de politizar la educación”. Así de rotundo se ha manifestado Pere Aragonès ante la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de implantar voluntariamente el 25% de clases en castellano en las aulas en un plazo máximo de dos meses, medida que exige además que eche a andar en solo diez días. De no cumplir esta exigencia, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa. La única parte personada en este caso es el Gobierno español pero, si no lo hace, cualquier asociación o persona física podría reclamar que se instaure. En ese supuesto el trámite no sería automático, sino que el tribunal debería valorar la legitimidad de la persona o entidad que lo demanda.

En la resolución, que puede ser recurrida, la letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza del fallo que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo decidió no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el dictamen. La resolución emplaza a la Generalitat a indicar cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la sentencia del alto tribunal catalán, aunque el Departament d’Educació todavía podría pedir aclaraciones al tribunal. Dado que el procedimiento se inició con una ley de educación, la Lomce, y ahora hay otra vigente, la Lomloe, eso podría afectar a su desarrollo. El conseller de Educación Josep Gonzàlez-Cambray no se ha mostrado sorprendido. “Ya lo sabíamos que pasaría porque forma parte del procedimiento”, ha señalado, denunciando este nuevo ataque al modelo de inmersión lingüística.

“Estamos ante un intento de judicializar el modelo de escuela catalana, un modelo que ha sido de éxito, de cohesión social y de igualdad de oportunidades a lo largo de décadas”, ha afirmado, expresándose con mayor ambiguedad que el president. “Daremos cumplimiento a lo que marca la Ley de Educación de Catalunya: que al final de la etapa obligatoria, de 4º de ESO, todo el alumnado logre las competencias tanto en castellano como en catalán. El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía”, ha destacado. Y es que aplicar el 25% de castellano en las aulas no afectará la dinámica habitual de muchos centros, ya que algunos de ellos -los de los municipios más poblados del área metropolitana de Barcelona- no aplican estrictamente el modelo de inmersión por el alto porcentaje de población inmigrante o castellanohablante. Toda esta polémica tiene su origen en un recurso de 2015 del Gobierno del PP por la “inactividad” de la Generalitat en la obligación de garantizar la enseñanza del castellano.

Por de pronto, el Govern no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística y, es más, incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se impartan en catalán todas las clases previstas. Eso sí, Educació aumentará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25% del castellano, como es el caso de la escuela de Canet de Mar que hace unas semanas fue el epicentro del debate por el presunto acoso a una familia que había solicitado la escolarización en castellano, aunque el resto de padres de alumnos abrazaron el sistema de inmersión. Para “proteger jurídicamente” a los funcionarios del sector educativo, el Govern ha puesto a disposición del profesorado servicios de asesoramiento y de defensa jurídica, ya que en ocasiones son el foco de las reclamaciones y se les señala como responsables de no ejecutar o no las sentencias.