El traspaso de Tráfico en exclusividad para la Policía Foral es la historia de una travesía. La de un culebrón competencial casi centenario con secuestros franquistas –como el del ministro Vega en 1962–, promesas incumplidas –con Aznar y Zapatero– y amagos, como los cuatro que ha habido desde 2020. Ha habido hasta una pandemia.
Y, ahora, un mazazo judicial: el de una sentencia que desbarata todo a punto del primer aniversario del traspaso. Ha llegado cuando el Gobierno foral estaba metido de lleno en esa adaptación de cuatro años que calculó en su momento que le costaría ejercer plenamente en las carreteras. Ahora todo es más incierto. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, volvamos a 2018.
Sánchez promete a Uxue Barkos, entonces presidenta del Gobierno de Navarra, que el traspaso será una realidad. Estaba recién llegado a La Moncloa. La debilidad del PSOE –tras su peor resultado en las generales– y la interinidad del Gobierno hicieron imposible cualquier traspaso en un 2019 con repetición electoral.
Solo en diciembre, cuando la posibilidad de unas nuevas elecciones amenazaba la vida política estatal, PSOE y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo para la coalición. Como parte de los acuerdos de investidura, Sánchez y el PNV firman dar un empujón al traspaso de Tráfico. Incluso hay fecha: primer semestre de 2020. Es el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que un mes después traslada a la presidenta Chivite la voluntad de cumplir el calendario.
Lo que pasa es que llega la pandemia y lo para todo. Lo sanitario es la única prioridad. No es hasta otoño, pasada la primera ola, que la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, habla de retomar el traspaso. Tampoco ocurre entonces: existen trabajos avanzados a nivel técnico, pero quedan “flecos”, y en diciembre de 2020 el delegado del Gobierno –hoy consejero de Hacienda–, José Luis Arasti, da a conocer la decisión del Gobierno central: hay que irse ya a “las primeras semanas o meses” de 2021.
La crisis de 2021
La vaguedad de los emplazamientos enfría el optimismo. Además, tampoco llega en esas fechas, con todas las administraciones centradas en la vacuna. Arasti tiene que volver a salir en febrero de 2021 y dar una nueva patada hacia adelante: como pronto, finales de año.
Esta vez sí que estuvo más cerca. La predicción del delegado cogió cuerpo en septiembre, cuando Chivite y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, fechan incluso la firma: 1 de diciembre. Fue precipitarse. Algo ocurre porque a finales de noviembre ambas administraciones acuerdan posponer el acto.
El problema ya no es técnico, se dice entonces. Navarra y el Estado tienen los cálculos de personal –149 plazas más en la Policía Foral, una pasarela desde la Guardia Civil...– y los plazos claros –cuatro, cinco años para ejercer la competencia–. El problema es económico: hay que fijar con detalle el impacto que tiene el traspaso en el Convenio Económico. Y en eso no hay acuerdo.
Hoy, la perspectiva que da el tiempo permite asegurar que aquellos fueron los peores momentos del traspaso. Cuando parecía irreversible, surgen las dudas. Son palpables en las declaraciones públicas de altos cargos. Javier Remírez, de aquellas vicepresidente y titular de Interior, asume a finales de marzo de 2022 que “el acuerdo con el Estado no está cerca”. El trabajo “organizativo y técnico está muy orientado”, pero la discrepancia es económica.
Al día siguiente, es la ministra Rodríguez la que habla de asuntos pendientes en “materia técnica, económica y administrativa”. Vamos, en todo. Hay una derivada que no quedó clara, y que es mejor abordar en un análisis político, no en un repaso cronológico: no llegó a explicarse qué alejó tanto las posturas cuando todo parecía inminente. Quizá hubo algo más que discrepancias económicas.
La casilla de salida
En noviembre todo cambia. Mejor dicho: los Presupuestos cambian todo en noviembre. Sánchez entra en escena. En el Senado. A preguntas del navarro Koldo Martínez, senador de Geroa Bai. Apenas unas horas después de que trascendiera el acuerdo entre PSOE y EH Bildu para las Cuentas de 2023. Entre los puntos, la llegada de Tráfico a Navarra antes del 31 de marzo de 2023. Y así ocurre: el 22 de marzo, el Palacio foral acoge el acto institucional de asunción de la transferencia. Once meses ha durado la tranquilidad. Hasta que el Supremo ha devuelto a Navarra al atasco de Tráfico cuando parecía que, por fin, el camino había quedado libre.
Casi cien años de 'atasco'
Los pleitos entre Navarra y el Estado a cuenta de la competencia de Tráfico tienen un origen mucho más lejano. Navarra tenía ya en 1928 un cuerpo específico de patrulleros: el Cuerpo de Carreteras, germen de la Policía Foral. Quedó sin funciones diez años después, cuando en plena guerra Franco intervino puntualmente las competencias para devolverlas de nuevo –quejas de Diputación mendiante– un tiempo después.
Fue un espejismo, quizá el primer oasis de la travesía competencial que va camino del centenario. En 1962, el ministro Camilo Alonso Vega estableció la primacía de la Guardia Civil en todo lo relativo a carreteras. Y solo en democracia y ya con el Amejoramiento en vigor pudo el cuerpo autonómico recuperar algo de terreno. Aunque las cosas de comer, los 12 millones en multas –datos hasta la pandemia–, los sigue ingresando el Estado.
Desde los años ochenta, ni UCD –Del Burgo cuenta que puso encima de la mesa el traspaso en la negociación del Amejoramiento– ni PSOE ni PP –con regionalistas y socialistas en el Gobierno foral– concretaron la transferencia, pese a que era una reclamación unánime en Navarra.
En abril del año 2000, Sanz presumía de haber arrancado a Aznar el compromiso de un traspaso en exclusividad para el año siguiente; quedó en nada en tiempos en los que la amenaza del terrorismo terminaba aflorando en cualquier debate que involucrara un uniforme.
Aznar, Zapatero, Sánchez...
El mismo Sanz volvió a pedir la competencia a Zapatero. Tampoco hubo éxito. Manuel Chaves, entonces ministro, elogió la “lealtad” de Sanz. Todo eran buenas palabras aunque su “vamos a ver si somos capaces de desatascarla [la competencia]” sonaba ya entonces poco convincente.
En 2015 llegó otro impulso: Uxue Barkos dijo que había que defender la transferencia “con ambición” y en octubre de 2018 Sánchez le prometió por fin el traspaso. Ahí empieza el último capítulo que queda detallado en el laberinto de la transferencia que ilustra estas páginas.
