Pedro Sánchez afronta esta semana tormentosa con todos sus sentidos apuntando en dirección a los tribunales. Va a ser en sede judicial donde estos días convergerán las y los protagonistas principales de los casos judiciales que acorralan al presidente del Gobierno español y a su partido, el PSOE. Hoy mismo, el juez del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente toma declaración a Víctor de Aldama, el denominado conseguidor del caso Koldo cuyas primeras confesiones al juez hicieron temblar los cimientos políticos de La Moncloa. Mañana será Koldo García, el que fue ayudante del exministro José Luis Ábalos, quien comparecerá ante el juez. El miércoles será Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, la que declarará en el juzgado como investigada por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Otro miembro de la familia Sánchez, David, hermano menor del presidente, declarará en enero por un supuesto trato de favor.
El presidente del Gobierno español no logra quitarse de encima el asedio político y judicial que en las últimas semanas atormentan La Moncloa y Ferraz. Uno tras otro, los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno Sánchez y a su círculo más próximo han ido creciendo hasta formar una bola de nieve de grandes proporciones que amenaza la supervivencia política del propio presidente.
A Sánchez le crecen los escándalos por doquier, aunque todavía resiste a las encuestas, pero vive permanentemente asomado al precipicio. Y lo que no consigue la derecha y la extrema derecha –sacarlo a dentelladas de La Moncloa– cada vez más parece que lo pueden conseguir los tribunales.
La agenda judicial ha eclipsado la agenda política de Sánchez, hasta el punto que buena parte de su destino está en manos de los jueces. Está siendo un año muy difícil para el Gobierno, que ha tenido su primer gran escándalo de corrupción, el denominado caso Koldo, con una implicación directa del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Un golpe muy duro para un Gobierno que llegó al poder contra la corrupción.
Aldama y García declararán conociendo la estrategia de defensa del ministro Ábalos en su comparecencia ante el juez la semana pasada. El ex número tres del PSOE trató de desmontar las “mentiras” de Aldama contadas en los tribunales y en varios medios de comunicación, calificando al comisionista de ser un “impostor” que ha engañado a todo el mundo y falsificando documentos para dar verosimilitud a sus acusaciones contra el Gobierno. También ha descargado contra Koldo García. Los indicios hallados durante la investigación acorralan al exministro ya que las conversaciones telefónicas y documentos mercantiles amenazan con acreditar la culpabilidad de Ábalos en las actividades delictivas de la trama.
El elemento corruptor
El primer sorbo envenenado de la semana se lo va a servir hoy el empresario Víctor de Aldama, considerado el cabecilla de la trama Koldo. Se trata de una presunta red de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario sobre todo mascarillas– en los primeros meses de la pandemia de la covid-19 que habría perjudicado a varias administraciones.
Según la Guardia Civil, el pago de las mordidas fue a Koldo García, asesor en 2020 del entonces ministro Ábalos, tras conseguir un contrato multimillonario para suministrar mascarillas en lo peor de la pandemia. Aldama es considerado como el elemento corruptor de este pelotazo, el que introdujo la forma de recibir favores a cambio de comisiones en las licitaciones. El juez le investiga por los delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.
Cuando Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, Aldama logró infiltrarse en el Ministerio de Transportes. Así que no resultaba extraño verle campando a sus anchas en actos organizados por el PSOE o del Gobierno. Según la investigación, tejió una red con Ábalos y Koldo, de modo que les entregaba dinero en efectivo a cambio de favores. El comisionista disponía de un pase especial para moverse por el Ministerio de Transportes, porque Koldo, el asesor del exministro, contribuía a abrirle las oportunidades de negocio dentro del Gobierno que estaban en su mano.
Aldama, con vínculos con distintas sociedades venezolanas de hidrocarburos, estuvo en prisión por otra red delictiva, acusado de participar en una organización que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros con la venta de combustibles entre 2022 y 2024. Su paso por prisión duró poco más de un mes y fue puesto en libertad preventiva el pasado noviembre por colaborar con la justicia, admitir que ha cometido delitos y revelar al juez varias acusaciones graves, algunas dirigidas al presidente Sánchez.
El líder socialista ha afirmado públicamente que no le conoce, pese a que existen varias fotografías de ellos juntos e incluso documentos gráficos sobre ello, según Aldama. Hasta la fecha, el conseguidor no ha aportado las pruebas que avalan las graves acusaciones, a la espera de ver si las tiene o son una estrategia intimidatoria. De haberlas, podrían acorralar a Sánchez y el juez le podría llamar a declarar como testigo, como ya hizo otro togado, Juan Carlos Peinado, en la causa contra Begoña Gómez.
Sánchez niega estas acusaciones y reclama pruebas, papeles que acrediten las acusaciones contra dirigentes socialistas, así como los siete contratos de obra pública que supuestamente fueron preadjudicados por Ábalos a cambio de comisiones.
Koldo, el intermediario
Koldo García era el enlace entre Aldama y Ábalos y por eso da nombre al caso. Siempre según la investigación, era el asesor del ministro y la persona que retransmitía sus instrucciones directas al comisionista. Ejerció de intermediario en las negociaciones de compra de mascarillas a través del Ministerio cobrando sobornos o comisiones por facilitar contratos.
El juez del TS le tomará declaración mañana y le preguntará sobre su presunta labor de mediación con los departamentos ministeriales , tras las peticiones directas de Aldama, que a su vez le reportaba la correspondiente retribución. También deberá aclarar si los pagos en efectivo están detrás del incremento desproporcionado de sus ingresos (hasta 1,5 millones de euros) y de la adquisición de varios inmuebles.
Koldo se habría puesto en contacto, entre otros, con los expresidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres (actualmente ministro de Administración Territorial) y Francina Armengol (en la actualidad presidenta del Congreso de los Diputados), respectivamente, para que contrataran a empresas vinculadas a Aldama la realización de pruebas PCR y mascarillas en plena pandemia.
Peinado insiste con Begoña Gómez
“Un día como hoy y después de las noticias, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país”. La frase la pronunció el presidente Sánchez tras conocer que a finales del pasado abril un juzgado de Madrid había abierto diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias en la concesión de subvenciones a empresas.
El origen del caso radica en una denuncia del colectivo ultra Manos Limpias construida a partir de titulares de prensa poco contrastados en la que argumentaba que Gómez había actuado “prevaliéndose de su estatus personal” en sus propuestas para varios concursos públicos. La Fiscalía pidió archivar la causa, pero el juez Peinado centró sus actuaciones en unas cartas de recomendación que Gómez había firmado como directora de un máster en la Universidad Complutense a favor del empresario Juan Carlos Barrabés para participar en unos concursos públicos por valor de 12 millones de euros de la empresa pública Red.es. El juez vio indicios de un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por lo que decidió imputarla.
Todo apuntaba a que no había caso por la inconsistencia de las pruebas, pero el magistrado insistió y llamó a declarar no solo a la propia investigada, sino también al presidente Sánchez. Solicitó que declarase como testigo desde La Moncloa. A pesar de que por su cargo tenía derecho a declarar por escrito, Sánchez fue llamado a declarar en calidad de esposo y no por ser presidente del Gobierno.
El 30 de julio, ante el juez, el presidente se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de la investigada. El pasado octubre, Peinado ampliaba la investigación contra Begoña Gómez por presunta apropiación indebida e intrusismo profesional, admitiendo una querella de la asociación Hazte Oír. El togado considera que la mujer de Sánchez ha podido apropiarse de un software creado durante el desarrollo de la cátedra para ponerlo a disposición de pequeñas y medianas empresas de manera gratuita.
Con este panorama afronta Gómez la declaración este miércoles ante el juez Peinado. Previsiblemente, será un interrogatorio duro, que pondrá aprueba a ambos, al magistrado para demostrar su colmillo en este caso y a la mujer del presidente para salir airosa de la comparecencia y dejar en evidencia al juez y, sobre todo, frenar el desgaste propio y el de Sánchez, su Gobierno y el PSOE. El jefe del Ejecutivo está más necesitado que nunca de buenas noticias desde la judicatura porque le interpela el principio romano según el cual la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo.
El menor de los Sánchez
No es el único caso familiar sub iudice. También el hermano menor del presidente, David Sánchez, tendrá que rendir cuentas ante el juez el próximo 9 de enero para evitar verse envuelto en un caso de nepotismo. Está llamado a declarar como imputado en el juzgado provincial de Badajoz, junto a otros nueve investigados, entre los que se encuentra el presidente socialista de la Diputación. El juez investiga si su nombramiento como alto cargo en la Diputación pacense fue un trato de favor y si se enriqueció de forma con un sueldo público.
Los hechos se remontan al año 2017, cuando el hermano del presidente fue seleccionado entre 11 aspirantes al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura en la Diputación de Badajoz. Años después, este puesto cambió su nomenclatura a jefe de la oficina de artes escénicas.
La causa ha sido impulsada también en este caso por Manos Limpias y Hazte Oír y, pese a que los informes de la Guardia Civil no han encontrado pruebas, ha evolucionado hasta la citación del hermano de Sánchez y otros investigados.
Este es uno de los múltiples frentes judiciales que directa o indirectamente acorralan al presidente Sánchez y al Gobierno español y empiezan a situarse peligrosamente cerca del palacio de la Moncloa. Sánchez resiste y trata de evitar lo que cada vez truena más en los corrillos políticos y mediáticos de la corte: lo que no han podido el PP y la política, van a lograrlo los tribunales.
Un frente judicial en el corazón del Estado
Además de los casos de presunta corrupción de su mujer, Begoña Gómez, de su hermano menor, David Sánchez, y de su exministro José Luis Ábalos, el presidente español, Pedro Sánchez, tiene abierto también un frente judicial en la propia judicatura española. Se trata del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se ha convertido en el primer fiscal de este rango al que el Tribunal Supremo ha abierto una causa en el Estado español.
El alto tribunal quiere determinar si se cometió un delito de revelación de secretos en relación a la difusión de información sobre un posible fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien se le investiga por un presunto fraude a Hacienda de 350.951 euros mediante facturas falsas, entre 2020 y 2021 a través de una empresa de la que era administrador único. González Amador se declaró defraudador confeso y ofreció un pacto a la Fiscalía para librarse de la cárcel.
La información supuestamente filtrada ya se había publicado en los medios a los que facilitó los secretos Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que admitió la querella del novio de Ayuso, ni el Tribunal Supremo, que sigue instruyéndola, han querido investigar el origen de esta filtración.
Precisamente, ante la difusión del acuerdo de conformidad que ofreció a la Fiscalía, González Amador presentó una querella por revelación de secretos contra el fiscal general.
