Un día después de conocerse el informe de la Cámara de Comptos, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha ratificado la "intención de este Gobierno de presentar a lo largo de este periodo de sesiones un proyecto de ley para modificar la Renta Garantizada" y que "para ello necesitamos contar con los consensos suficientes que nos permitan avanzar hacia una herramienta más efectiva y más eficiente".
En respuesta a una interpelación formulada por el PSN en el Pleno parlamentario de este jueves, Maeztu ha explicado que "en las próximas semanas vamos a establecer un calendario de reuniones con todos los grupos parlamentarios para presentar con detalle el contenido de la modificación que planteamos". A partir de ahí, el orden de la negociación será el siguiente, según ha apuntado la consejera: primeros contactos con los grupos que sustentan el Gobierno para, "teniendo en cuenta lo recogido sobre esta cuestión en el acuerdo programático, plantear la reforma que defendemos. Después nos reuniremos con nuestro socio presupuestario y, finalmente, también presentaremos esta propuesta al resto de los grupos políticos de esta Cámara", ha dicho.
La idea, según Maeztu, es "acompañar mejor a las personas perceptoras, acompasar mejor su acceso al empleo cuando sea posible y acomodarse también mejor a la convivencia con el ingreso mínimo vital". "Nuestra propuesta es fruto de las demandas de los profesionales, de los estudios que hemos hecho, y de la experiencia acumulada, y está orientada a esa necesaria autonomía y a ese objetivo que compartimos todos de mejorar la inclusión social de las personas", ha manifestado. Se pretende "reducir burocracia y papeleo y dejar que los profesionales tengan más tiempo para acompañar a las personas". En definitiva, ha dicho, "consolidar la RG como una herramienta que se ha evidenciado de gran utilidad para proteger, acompañar y dar soporte a las personas en los momentos que más lo necesitan".
Informe de Comptos
La consejera también ha hecho referencia al informe que la Cámara de Comptos dio a conocer ayer miércoles, "sobre el que ya he solicitado la comparecencia para dar todas las explicaciones". "El Gobierno siempre tiene en cuenta y valora cualquier informe de fiscalización que realice la Cámara de Comptos y que tiene en consideración sus recomendaciones", ha dicho, pero ha mostrado su rechazo a hacer "una lectura catastrofista, como ya estamos viendo que la están haciendo algunos grupos de esta Cámara, porque hay mucho trabajo que se hace y muchas cosas que funcionan bien". Maeztu, por ejemplo, ha subrayado la existencia de "mecanismos de detección de irregularidades, hasta 28.000 acciones en 2023, casi el doble que las que se hacían en 2018".
Por todo ello, Maeztu espera "contar con el apoyo suficiente" para sacar esta reforma adelante y "con el mayor consenso político de todos los grupos políticos". Tras subrayar que "plantear una modificación no es reconocer que no funcionan las cosas", sino que "es querer avanzar, es querer mejorar",y emplaza a "que todos seamos capaces de superar posturas meramente políticas, posiciones inmovilistas, y pensar en el bien común". "Estamos ante una oportunidad de trabajar desde el consenso y el acuerdo" sobre una ley que junto la existente en la CAV, "garantizan la mayor protección que hay en este país a las situaciones de pobreza y exclusión social".
CLAVES DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
- Intensificar el acompañamiento profesional (menos burocracia para los profesionales de los servicios de base para mejor atención social).
- Gestión integrada de servicios sociales y de empleo.
- Simplificar algunos procedimientos de gestión, y "mejorar el efecto incentivador del estímulo al empleo".
- "Armonización y coherencia en algunas cuestiones" entre la RG y el IMV.
- "Facilitar una mayor capacidad de intervención a los profesionales", para que ganen tiempo de cara a mejorar su trabajo.
Valoraciones de los grupos políticos
Olga Chueca, del PSN, quien presentaba la interpelación, ha situado las políticas sociales como "una inversión que hace avanzar a las personas", que nos ha hecho "una mejor comunidad". Ha mencionado el informe realizado por Comptos, "en el que se indican las debilidades de una gestión compleja por la existencia de dos prestaciones, la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, con el mismo objetivo pero con diferentes regulaciones". "Tanto la presidenta como Comptos coinciden en unificar ambas prestaciones", ha indicado, tras apostar por "revisar la eficacia y la efectividad de las acciones de nuestro sistema de protección social".
Raquel Garbayo, de UPN, ha respondido a Maeztu que el informe conocido "lo puede adornar como quiera, si quiere le puede poner un lazo, pero la realidad es muy tozuda". "Ha tenido que venir la Cámara de Comptos a darles un tirón de orejas y decirles lo que desde UPN venimos diciéndoles desde hace muchísimos años, y es que este modelo de Renta Garantizada no funciona. No solo que no funciona, sino que su gestión ha sido nefasta, tiene una alarmante falta de control de las prestaciones por parte de su departamento", ha subrayado.
Desde EH Bildu, Javier Arza ha señalado que la Renta Garantizada "es una muy buena inversión, porque alivia la situación de aproximadamente el 5% de nuestra población", de los cuales "14.000 son niños, niñas y adolescentes" y "porque nos hace mejores como sociedad". "No vamos a apoyar ningún cambio de modelo que suponga debilitar la capacidad protectora de la renta garantizada, porque eso es lo que pretenden las derechas", a las que les ha acusado de "azuzar el discurso aporófobo de la paguita indiscriminada y sin control". Tras añadir que "por supuesto que hay mucho por mejorar", ha mostrado su "disposición a reducir la burocracia en la gestión" o "a mejorar la compatibilidad entre las distintas prestaciones", entre otros aspectos.
Isabel Aranburu, de Geroa Bai, la formación que lideraba el Gobierno cuando se aprobó la actual Ley de RG, ha considerado que "es imprescindible el buen control" de la Renta Garantizada, "como de todo el dinero público", pero ha advertido de que su coalición "no estará en ningún planteamiento de endurecer los requisitos de acceso, o de restringir la prestación, ni por acompasarla la IMV, ni por reducir la carga administrativa a los servicios sociales de base o simplificar más la tramitación". "Estará en lo que signifique aumentar su capacidad de protección y hacer más efectivo el acceso a los derechos que esta ley reconoce", ha dicho.
En nombre del PPN, Maribel García Malo, la formación que solicitó un informa a Comptos sobre la cuestión, ha comentado que "después de escuchar a la señora Aranburu, se confirma que parece que va a haber lío dentro del Gobierno con esta reforma anunciada". A su juicio tras "unos malos resultados" fiscalizados por Comptos, "desde el Gobierno hay que revisar en profundidad esta política de rentas mínimas e inclusión social". "No queda otra después del informe. Es necesaria una política integral que supere el enfoque basado únicamente en subsidios, que está demostrando que lejos de ser una solución y de erradicar la pobreza, la está aumentando y cronificando", ha apuntado. El PPN ha pedido la comparecencia urge del presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza del Salvador y el de la propia consejera Maeztu
Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha recordado que desde que la presidenta del Gobierno anunció en octubre la intención de iniciar un proceso de diálogo para reformar la ley de RG, hasta la fecha Contigo-Zurekin no había tenido ningún tipo de encuentro al respecto, "bienvenida sea la reunión a la que seremos citados en las próximas semanas". "Sabemos que todas las políticas concretas tienen margen de mejora técnica y de gestión", ha señalado Guzmán. "El informe de la Cámara de Comptos publicado ayer nos indica alguna cuestión interesante para mejorar este modelo. Seguimos defendiendo que la propuesta de esta coalición es la de fortalecer, consensuar y ampliar estas políticas de derechos sociales. Lo que no vamos a hacer es estigmatizar a los perceptores", ha reivindicado.
Desde Vox, Emilio Jiménez ha manifestado que "está clarísimo que el espíritu y objeto de la ley ha fracasado o está mutilado" y que "la parte de la inclusión social no se consigue". A juicio, el informe de Comptos es "demoledor". "¿Qué resumen podemos hacer? Descontrol y desidia, señora presidenta. Ineficacia, despilfarro, inutilidad. Y el problema no es que sean ustedes inútiles, es el perjuicio que ocasionan a los navarros", ha comentado.
