"El euskera debe ser oficial en toda Navarra"

A su juicio, "el euskera debería ser considerado como el idioma original, propio, histórico y milenario de la tierra", y que "debería recibir el respeto y protección que establece la Constitución Española en su artículo 3".

Compains ha explicado que "los umbrales de hablantes han cambiado significativamente", especialmente en la zona mixta, donde se ha registrado un incremento en la demanda de euskera.

Por ello, ha insistido en que "es necesario que las administraciones públicas cuenten con competencias legislativas adecuadas para atender a esta creciente demanda", donde ha situado su propuesta de aceptar que los municipios decidan por mayoría absoluta pasarse a la zona vascófona.

El ponente ha criticado la "falta de apego a la lengua propia" en la Lorafna, señalando que "el texto actual de la ley sobre el euskera es parco y transmite muy poco amor por la lengua propia".

"Aunque las administraciones locales deben garantizar derechos mínimos para los euskaldunes, también surgen conflictos jurídicos relacionados con el acceso a la función pública bajo criterios de igualdad", ha lamentado.

Ha propuesto que este conflicto podría mitigarse si desde el sistema educativo se garantizara un conocimiento básico del euskera para todos los navarros, tal como establece la Ley Foral del Euskera.

En relación con el marco normativo, Compains ha recordado que "la Constitución Española y la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias establecen principios clave para proteger las lenguas minoritarias".

"El artículo 3.3 de la Constitución defiende el respeto y protección especial de las modalidades lingüísticas, aplicable tanto a las zonas mixta como no vascófona", ha insistido.

Asimismo, ha destacado que "la Carta Europea señala que las medidas adoptadas para proteger a los hablantes de lenguas minoritarias no pueden considerarse discriminatorias", lo que subraya la "obligación de los poderes públicos de garantizar derechos lingüísticos".

Sin embargo, ha criticado las limitaciones del texto actual respecto al uso del euskera. "En la zona vascófona, todos los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a las administraciones en euskera o castellano, pero la normativa no establece el deber correlativo de las administraciones de responder en el idioma elegido".

Esta "laguna legislativa", considera, "impacta de manera negativa en la percepción y protección de los derechos lingüísticos de los euskaldunes, especialmente en las zonas con mayor diversidad lingüística".

Además, ha destacado que "el problema real es que la ley no ha previsto un deber de respuesta por parte de las administraciones", lo que "desnaturaliza el derecho a dirigirse en euskera", y ha criticado que, según el artículo 17 de la Ley Foral, las administraciones de la zona mixta pueden establecer perfiles lingüísticos, pero "como no hay un deber de atender en euskera, se considera desproporcionado ese perfil, lo que vacía por completo el derecho a dirigirse en euskera en esta zona".

UPN y Vox se levantan de la ponencia

    Antes de su intervención, los parlamentarios Marta Álvarez y Emilio Jiménez, de UPN y Vox, respectivamente, han abandonado la comisión alegando una presunta "relación con el entorno de ETA" del ponente.

Compains ha respondido que "la acusación no tiene base legal alguna, pero no merece la pena profundizar en ello".

En el turno de los grupos, Inma Jurío (PSN) ha apuntado que "el euskera avanza" lo que, a su juicio, demuestra que "las políticas públicas son eficientes, más allá de la oficialidad en todo el territorio".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha denunciado que "algunos quieren realizar una caza de brujas sin límites".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha considerado "muy importante" la oficialidad del euskera en toda la Comunidad Foral.

Finalmente, Miguel Garrido (Contigo) ha pedido "sacar al euskera de la batalla cultural-identitaria y ponerlo en un plano de derechos culturales".

Fortalecer los derechos sociales, clave para el catedrático de la UPNA, Alejandro Torres

Antes de la intervención de Compains, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra Alejandro Torres plantea reformar la Lorafna para "fortalecer los derechos sociales", incluyéndolos en el nuevo texto.

Ha planteado, en ese sentido, que el texto podría recoger derechos como el acceso a la vivienda, la protección de menores, la igualdad de género o el acceso a la educación, "un tema clave para la movilidad social". Sobre el proceso de reforma, Torres ha reflexionado sobre la posibilidad de incluir un referéndum, destacando que "su inclusión reforzaría la legitimidad democrática y promovería la participación ciudadana en decisiones esenciales".

Sin embargo, también ha advertido de los riesgos, como la baja participación, recordando los casos de Cataluña en 2006 (48,85 %) y Andalucía en 2007 (35,85 %).

Otro aspecto destacado ha sido la necesidad de actualizar el lenguaje de la Lorafna desde una perspectiva de género, ya que, según Torres, el texto actual, redactado en 1982, "refleja una época en la que la sensibilidad por las cuestiones de género no era comparable a la actual".

Torres ha mencionado que el texto menciona 'el presidente' de Navarra, a pesar de que "Navarra ha tenido tres presidentas desde 2011", por lo que ha considerado necesario "adoptar una perspectiva más inclusiva, como ya lo hacen leyes recientes como la Ley Foral 9/2019".