El presidente en funciones del Consejo de Navarra, José Luis Goñi, evitó ayer alimentar la polémica avivada por UPN, que ha sido muy crítico con los informes de este órgano consultivo. “No tengo conocimiento de esas críticas, pero si las ha habido me parecen legítimas”, dijo Goñi en la cadena Ser, antes de recalcar que resuelven los trabajos “con la mayor imparcialidad y objetividad”. “Dejamos al margen cualquier ideología personal o colectiva y hemos intentado resolver en Derecho, que es lo que sabemos hacer”, añadió Goñi.
Con respecto al informe sobre las proposiciones de ley de UPN, que duda que se pueda inhabilitar para la docencia a quienes hayan cumplido una condena vinculada al terrorismo, Goñi explicó que las analizaron “desde la perspectiva del ordenamiento jurídico y su entronque constitucional” y manifestaron “las dudas” al respecto.
Goñi acudió ayer al Parlamento para entregar a su presidente, Unai Hualde, la memoria anual del Consejo de Navarra, que en 2024 emitió los 29 dictámenes que le solicitaron: 16 sobre proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general, tres sobre reclamaciones de indemnización, siete sobre revisiones de oficio de actos administrativos, uno sobre legislación básica y otro sobre la reforma de la Lorafna.
El Consejo tuvo un presupuesto de 484.560 euros en 2024, de los que ejecutó 296.553.
