El Estado rebajará la aportación de Navarra en compensación por la quita de la deuda al resto de comunidades
El Ministerio de Hacienda alcanzó un acuerdo en el marco de las Comisiones Mixtas, según ha confirmado la vicepresidenta María Jesús Montero a Uxue Barkos
El Gobierno central compensará a Navarra y la CAV por la condonación de deuda a las comunidades de régimen común. Para ello, se reducirá la aportación que ambos territorios realizan al Estado, de modo que no se vean perjudicados por quedar fuera del anteproyecto de ley de condonación aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, según ha confirmado este martes en el Senado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra ha explicado que el acuerdo se alcanzó en el marco de las Comisiones Mixtas con ambas comunidades, y que consiste en excluir del cálculo de la aportación foral la parte de deuda que el Estado asume en nombre de las comunidades de régimen común. Según Montero, esto garantiza que Navarra y la CAV no se vean penalizadas por un mecanismo que no afecta a su régimen de financiación, dado que no participan del modelo común. “En ningún caso van a ser perjudicadas”, ha asegurado la vicepresidenta.
El anuncio de Montero se ha producido en respuesta a una pregunta de la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, durante la sesión de control celebrada esta tarde en la Cámara Alta. La representante navarra ha reclamado “mecanismos de equilibrio” para que la condonación de la deuda de las comunidades de régimen común “no afecte a Navarra”.
Barkos ha advertido que, pese al compromiso verbal del Ejecutivo central, el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera aprobado por el Consejo de Ministros “no contiene ninguna referencia específica” sobre esta cuestión. “No hablo, por supuesto, de legislar sobre convenio o concierto, pero lógicamente sí de saber si hay voluntad por parte del Gobierno de que el compromiso de no castigar a las haciendas forales quede plasmado en algo más que acuerdos”, ha señalado.
La senadora ha defendido que el endeudamiento autonómico derivado de la crisis financiera internacional fue “no solo excepcional, sino injusto”, y ha recordado que esa situación también afectó a Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca, a pesar de que ahora la compensación se dirija exclusivamente a las comunidades de régimen común.
Acuerdo con el Gobierno foral
En su respuesta, la vicepresidenta Montero ha insistido en que ya existe un acuerdo con ambos Ejecutivos para que la condonación aplicada a las comunidades comunes no suponga una carga añadida para Navarra ni para la CAV. “Se efectúa de ese cálculo que aportan las comunidades forales a la deuda estatal el cómputo de la quita de la deuda que se haya hecho sobre comunidades autónomas de régimen común”, ha explicado.
La ministra ha subrayado que esta medida no se incluye en el anteproyecto de ley porque se articula a través de los mecanismos propios de las Comisiones Mixtas, que son las que regulan la relación financiera entre el Estado y los territorios forales. “Se trata de un acuerdo alcanzado con el Gobierno de Navarra y con el Ejecutivo vasco, y por eso no figura en la norma que se remitió al Consejo de Ministros”, ha aclarado.
Críticas a la reforma de 2012
Durante el debate, Barkos ha aprovechado para recordar que el origen de gran parte del endeudamiento autonómico se encuentra en la reforma del artículo 135 de la Constitución y en la Ley de Estabilidad Financiera de 2012, que obligaron a las comunidades a recurrir al crédito en condiciones muy restrictivas. “Es necesario superar aquella equivocada reforma del 135 de la Constitución y la más lamentable ley de 2012”, ha afirmado, en referencia al marco jurídico que endureció las reglas fiscales tras la crisis financiera.
Además, la senadora de Geroa Bai ha comparado el impacto de las políticas públicas aplicadas en la crisis de 2008 y en la pandemia de la COVID-19. Según ha recordado, las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda demuestran que las medidas de apoyo financiero adoptadas en la segunda crisis permitieron un endeudamiento notablemente menor, lo que ahora se compensa con la nueva ley.
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