Es una pregunta que se hace el Gobierno foral: si UPN ve tan claro que en Belate ha habido corrupción, ¿por qué no lo denuncia ante la Fiscalía? Lo cierto es que los regionalistas ya dijeron que iban a llevar el caso ante la Fiscalía pero, al menos que se sepa, nunca lo cumplieron. Tiene explicación y los motivos son puramente de estrategia política.
Fue precisamente Esparza el que anunció que UPN acudiría a los tribunales. Los tiempos en este caso son importantes.
El anuncio lo hizo el 16 de abril de 2024, nada menos que en el Parlamento, en comisión de Régimen Foral, la comisión especial ante la que comparece la presidenta del Gobierno.
Los votos particulares de la polémica llevaban un tiempo en el debate público y por aquel entonces la derecha acababa de llevar otra sospecha de corrupción similar ante la Fiscalía: un expediente de compra de luminarias para varios tramos de carretera –un vial de conexión de Barañáin y Landaben en la NA-30, las obras del tramo II de la N-121-A...– que contó también con un “reparo no suspensivo” por parte del mismo interventor que en el caso de Belate.
Ocurrió que la Fiscalía analizó el expediente y procedió a archivarlo en agosto de 2024. El Gobierno de Navarra celebró la decisión y consideró que su trabajo quedaba así avalado.
Ese archivo por parte de la Fiscalía hizo cambiar de opinión a UPN, que no quería exponerse a otro revés. Los regionalistas necesitaban mimar una buena sospecha de corrupción.
Así que con apoyo jurídico se les ocurrió una alternativa: en lugar de acudir a la Fiscalía, ir a la Guardia Civil. Esto fue en septiembre de 2024. Al final, el camino de la Fiscalía es público y con fácil trazabilidad, porque pronto quedará sintetizado o en un escrito para el juez o en una petición de archivo. Una denuncia ante la Guardia Civil es mucho menos controlable: no está sujeta a los tiempos de la justicia, no será archivada, y puede quedar ahí latente para su uso político. Y es lo que ha ocurrido.
