La moratoria para suspender durante dos años la tramitación de nuevas plantas de biometanización en Navarra —impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin— no tiene garantizada su aprobación en el pleno del Parlamento de Navarra que se celebrará este jueves. Aunque el informe jurídico de la Cámara foral ha avalado la medida y ha descartado que genere responsabilidad patrimonial para la Administración, el PSN mantiene su rechazo a aplicar la retroactividad prevista en el texto, un aspecto clave para determinar su alcance.
Los socialistas, que no son firmantes de la proposición, han sugerido que están “trabajando” para presentar enmiendas que modifiquen el texto y así lograr aplicar la moratoria únicamente a las plantas que se proyecten en el futuro, sin que la medida tenga carácter retroactivo y pueda verse afectada, entre otras, la instalación proyectada en Sesma. UPN, por su parte, ha confirmado abiertamente que presentará enmiendas al texto, lo que sugiere que tampoco se opondrán frontalmente a la moratoria.
Afectación a la planta de Sesma
La proposición de ley foral pretende suspender durante dos años la tramitación de nuevos proyectos de biometanización en la Comunidad Foral, con el objetivo de planificar de forma ordenada su desarrollo. El texto afectaría directamente al proyecto de planta de biometanización de Sesma, pero mucho más próxima al núcleo de población de Lodosa, que ha generado una fuerte oposición vecinal en la zona.
Precisamente, este domingo se celebró una manifestación en Pamplona, convocada por la plataforma navarra STOP Biometanización, que reunió a unas 1.500 personas en el Paseo Sarasate. Los manifestantes reclamaron una moratoria que impida la instalación de grandes plantas de biometanización y denunciaron los vertidos de residuos que, según aseguraron, “quedan en los campos de labor provocando contaminación por nitratos y compuestos tóxicos”.
Durante las ruedas de prensa de cada lunes tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, la representante socialista, Ainhoa Unzu, ha reconocido que el PSN “es partidario de una planificación y reorganización de las plantas” y que comparte “la necesidad de una moratoria hasta que salga el decreto regulador”.
Sin embargo, ha advertido de que su grupo “no comparte la inseguridad jurídica que podría generar aplicar la retroactividad”. “Nos genera preocupación. No compartimos bajo ningún concepto esa retroactividad, al sector económico hay que darle seguridad”, ha insistido.
EH Bildu, Geroa Bai y Contigo defienden la suspensión
Desde EH Bildu, Mikel Zabaleta ha defendido que la propuesta “responde a una preocupación ciudadana que hacemos nuestra” y ha recordado que “los servicios jurídicos del Parlamento han señalado que la moratoria no llevaría aparejada una responsabilidad patrimonial para las administraciones”.
Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha subrayado que “toca parar y planificar”.
“Debemos definir el modelo que queremos para Navarra, tanto en el volumen de estas plantas como en su distribución territorial. Es evidente que estamos ante una fuente de energía renovable y ante unas plantas que deben tratar residuos agroganaderos.
La moratoria debe servir para planificar y no convertir una oportunidad en un problema medioambiental y social”, ha argumentado.
Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha insistido en la necesidad de “aprobar la moratoria ratificada por los servicios jurídicos del Parlamento”, al considerar que “resulta indispensable para abordar una planificación que proteja a la ciudadanía y al territorio”.
UPN y PPN muestran cautela
En la oposición, UPN y PPN han mostrado cautela ante el texto.
El portavoz regionalista, Javier Esparza, ha anunciado que su grupo presentará enmiendas y ha criticado la posición del PSN: “Están defendiendo la planta de Sesma porque en Sesma hay un alcalde socialista, y pesa mucho. Nosotros nos hemos posicionado con la localidad de Lodosa en este tema concreto”, ha declarado.
Esparza ha puesto en evidencia también que “Sesma decida plantear este proyecto en la muga con Lodosa para que, si hay algún perjuicio, lo sufran en Lodosa”.
Mientras tanto, la parlamentaria del PPN, Irene Royo, ha señalado que su grupo está “estudiando el informe con tranquilidad” antes de fijar una posición definitiva, aunque ha admitido que quieren analizar “con detalle las implicaciones jurídicas y medioambientales” de la medida.
