Un 'regalo' de tiempos de Rajoy provoca una reclamación millonaria de varias petroleras contra Navarra

Una sentencia del Tribunal Supremo acaba de dar un vuelco a varios procedimientos judiciales que reclaman devoluciones económicas millonarias a las arcas públicas navarras.

El alto tribunal, en una resolución fechada en enero, ha aclarado que son las petroleras, y no los particulares o consumidores finales, quienes pueden reclamar la devolución del conocido como tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, un impuesto de origen estatal que estuvo vigente entre 2013 y 2018 y que en 2024 fue tumbado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Con esta última sentencia, en principio, quedan fuera las posibles reclamaciones tanto de particulares como de transportistas, que fueron quienes pagaron el impuesto –porque las petroleras repercutieron el gravamen en el coste del combustible– y están abocados a la jurisdicción civil. Tradisna, la asociación de transportistas autónomos de Navarra, lamenta la sentencia y considera que el sector se queda así un poco más desprotegido.

Los pleitos ‘vivos’

El Gobierno de Navarra contaba, a finales del año pasado, con cinco pleitos vivos por esta cuestión, por un total de 10.556.097 € en reclamaciones. De ellos, al menos tres fueron interpuestos por las petroleras Petronor y Galp e incluso tienen sentencia judicial a favor de las empresas: el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) les reconoció, en marzo de 2025, su derecho de reclamar la devolución del dinero después de que tanto el Gobierno foral como la primera instancia judicial les negara el resarcimiento.

El tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos nació en 2013, en pleno gobierno de Rajoy, como sustituto de otro impuesto sobre los combustibles que también fue anulado por la justicia europea: el céntimo sanitario. El tramo autonómico estuvo vigente hasta 2018, cuando el Estado estableció a un tipo único general para todo el Estado.

Entonces empezaron las primeras denuncias en Navarra. La petrolera portuguesa Galp acudió a la justicia después de que tanto la Hacienda Foral como el Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra (Teafna) le negara la devolución de algo más de 1,3 millones de euros pagados indebidamente en 2013. Por las mismas fechas, la petrolera vizcaína Petronor formuló otra reclamación en términos similares para el ejercicio de 2016. Ya en 2022, Galp volvió a acudir a los tribunales para reclamar 947.949 € también por el ejercicio de 2016.

Todas las reclamaciones judiciales fueron tumbadas en primera instancia, pero para cuando recurrieron al TSJN ya todo había cambiado: en 2024, la justicia europea declaró nulo el impuesto, como unos años antes había hecho con el predecesor, el céntimo sanitario.

El Gobierno de Navarra no había perdido de vista estos pleitos porque a finales del año pasado ya tenía un cálculo económico hecho y una previsión para afrontar imprevistos cercana a los 40 millones de euros.

Tradisna: "Impacta directamente en nuestra competitividad"

La sentencia del Supremo ha caído como un balde de agua fría sobre los transportistas. No tuvieron nada que ver en la creación del impuesto, fueron quienes lo pagaron en la factura de la gasolinera y ahora se quedan fuera de las devoluciones económicas, salvo que acudan a la vía civil.

Desde Tradisna, la asociación de transportistas autónomos de Navarra, lamentan que la sentencia “deje sin posibilidad de recuperación a los transportistas, que fueron quienes soportaron en la práctica el sobrecoste del combustible entre 2013 y 2018”.

“En Navarra, donde el transporte es un sector estratégico y con un alto peso de autónomos y pequeñas empresas, esta decisión impacta directamente en la competitividad y en unos márgenes ya de por sí muy ajustados”, comentan. “El transporte vuelve a quedar desprotegido ante un error normativo que no generó y cuyos costes asumió. Es imprescindible que se garantice que el sector no vuelva a ser el eslabón más débil ante este tipo de situaciones”, cierran. Anet, la asociación de empresas de transporte, ha llevado sus reclamaciones mediante un bufete de abogados que todavía tiene abierta la vía civil.

Contactado por este periódico, Juanjo Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), consideró que esta sentencia pone las cosas “muy difíciles” a los transportistas. En un comunicado, consideraron que el Ministerio de Hacienda “podría regalar injustamente” más de 5.000 millones a las petroleras por las devoluciones del impuesto autonómico de hidrocarburos, pese a que lo pagaron realmente los consumidores”. Fenadismer recrimina a Hacienda tener una actitud “pasiva” en no acreditar que las petroleras repercutiesen el impuesto a los consumidores, ya que las empresas no están obligadas a demostrar que no lo hicieron para recibir la devolución del Estado.

“Esto posibilitará a las petroleras obtener como regalo un pelotazo superior a los 5.000 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda, generándose una vez más una situación de enriquecimiento injusto” frente a los transportistas, que han sido los paganos.