El Instituto Navarro de Inversiones (INI) y la Fundación Caja Navarra van a crear una sociedad conjunta dedicada a buscar proyectos empresariales navarros e invertir en ellos hasta 15 millones en los próximos años.

Ambas organizaciones tienen prácticamente cerrado un acuerdo –a falta de la firma oficial– para poner en marcha una sociedad tenedora de participaciones empresariales que se encargará de buscar proyectos atractivos y participar en ellos.

La idea que tienen es actuar como inversores estables, a largo plazo, primar el arraigo de las empresas y la creación de empleo aquí y que evitar –o al menos reducir– el peso de inversionistas que puedan estar más movidos por “planteamientos de naturaleza especulativa”.

Tanto en el INI como en la Fundación consideran que es una buena oportunidad de colaboración público privada, que encaja con los objetivos tanto de la empresa pública –creada para la aportación de recursos financieros a empresas– como de la fundación, cuyos pilares de actuación están centrados en el fomento de la cultura, la obra social y el desarrollo económico local.

Esta será la segunda operación para el INI, una empresa pública discutida desde su creación en 2022 –por su similitud con Sodena– y que en 2024 firmó su primer y de momento único movimiento, la inversión de 8 millones en AR Racking, una empresa de almacenaje de Tudela.

La Fundación Caja Navarra, que hará como inversor institucional de referencia, cree que es una operación “estratégica” y una oportunidad para diversificar patrimonio mediante operaciones que generen retornos financieros sostenibles y recurrentes y que, además, tengan impacto económico y territorial directo, algo que encaja con su espíritu fundacional. No se descarta, tampoco, que en la sociedad entren otros participantes que actúen como inversionistas.

Al menos en seis empresas

Ambos organismos han dado en un escenario cambiante y complicado. La industria es el pilar “fundamental” de la estructura económica y “afronta en la actualidad retos estructurales significativos”. Entre ellos, elevadas necesidades de capital, ciclos de retorno económico demasiado largos y exposición creciente a procesos de transformación tecnológica. Los indicadores muestran una tasa de inversión “estancada” y evidencian la necesidad de “instrumentos financieros específicos de capital paciente”.

En este contexto, han encontrado en la figura de la sociedad tenedora de participaciones empresariales un vehículo para la colaboración público-privada.

Esta fórmula quedó aprobada en la última reforma de medidas fiscales que acompañó a los últimos Presupuestos. Esa ley establece que las sociedades tenedoras tienen que disponer de un capital propio mínimo desembolsado de 1,2 millones, y tienen que comprometerse a, en el plazo máximo de seis años, participar en un mínimo de seis empresas con una participación de entre el 10% y el 25%.

Las inversiones se harán, exclusivamente, mediante ampliaciones de capital, de forma progresiva y con el tope de los 15 millones. Las participaciones tienen que permanecer un plazo mínimo de diez años. Son cláusulas anti-deslocalización y que buscan cerrar el paso a inversionistas cuyo interés tenga un componente más especulativo y menos pegado al territorio.

De hecho, para la Fundación Caja Navarra la inversión no es “coyuntural”, sino que es vista como un “activo estratégico” coherente con la política de asignación de recursos orientada a la preservación y crecimiento del patrimonio fundacional en el tiempo. La movilización de patrimonio privado, calculan, multiplica por dos o por tres el capital comprometido.

La sociedad contará, a su vez, con una sociedad gestora especializada, responsable de la originación, el análisis y la estructuración de las oportunidades de inversión: buscará proyectos alineados con los inversionistas, hará los análisis financieros y seguirá las inversiones. Pero no decidirá. Será el comité de inversiones del Instituto Navarro de Inversiones el que dé el ok definitivo a las operaciones.

Este comité es un órgano colegiado compuesto por profesionales de prestigio en ámbitos como la gestión pública, las finanzas y la empresa, y donde a partir de esta firma tendrá un asiento un delegado de la Fundación. La sociedad quiere así hacer una separación clara entre la función de análisis y posible inversión de la toma de decisión final, lo que contribuye a la transparencia y la calidad del proceso inversor.