pamplona. Lo que se anunciaba que se iba a solucionar con rapidez en los próximos días ha tardado más de un mes en resolverse. Los abogados que realizan en Navarra la asistencia jurídica gratuita, el conocido como turno de oficio, recibirán entre hoy y mañana los pagos correspondientes al tercer trimestre del pasado ejercicio 2010 y que engloba los servicios prestados por estos letrados entre julio, agosto y septiembre. La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra respondió en Navidades que ya se había comprometido una partida para solventar estos gastos, que ascienden a un total de 311.000 euros, y que esperaba realizarlo antes de que finalizara el año o a comienzos de 2011. Han tenido que pasar una veintena de días para que el Ejecutivo solucione sus problemas de liquidez y pueda ingresar a los abogados el pago por su asistencia.

Sólo en Pamplona el Gobierno adeuda a los letrados inscritos en el turno de oficio un total de 311.000 euros. De esta cantidad, 150.590 euros corresponden a expedientes tramitados de justicia gratuita (un total de 83) y otros 112.0000 euros se destinarán a las 658 guardias y asistencias propias del turno de oficio durante el tercer trimestre. En el caso de algún abogado de la capital navarra se le adeuda hasta 4.000 euros por estos servicios. Además, otros 48.000 euros deben ser pagados al Colegio de Abogados por gastos en la gestión, infraestructuras y en el Servicio de Orientación Jurídica. A este dinero habría que añadir los servicios prestados por los abogados colegiados en Tudela, Estella y Tafalla.

abono trimestral Los turnos de oficio se abonan por el Ejecutivo foral trimestralmente y, por lo general, entre el 10 y el 15 de diciembre solía adeudarse ese tercer trimestre, en el que se enclavan los servicios prestados por los letrados durante los Sanfermines.

Todos los requerimientos de asistencia jurídica gratuita son analizados por una comisión, que comprueba los ingresos del solicitante y sus cargas materiales. Como norma general, pueden acceder a esta ayuda las personas físicas con ingresos anuales de su unidad familiar inferiores al doble Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), en torno a 14.000 euros. Las ayudas pueden ser al 80% o el 100%, dependiendo de los ingresos. En casos excepcionales, según las circunstancias familiares (número de hijos, estado de salud, etc.) también es posible acceder a la asistencia jurídica gratuita en el caso de rentas inferiores al cuádruple del IPREM.