La decisión del gabinete de Rafael Correa de iniciar la explotación petrolera en uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, el Parque Nacional de Yasuní, podría acarrear la desaparición de los últimos pueblos no asimilados del Ecuador, los grupos Tagaeri y Taraomenane cuyos territorios se diseminan por una superficie equivalente a Navarra, dentro de la Amazonía ecuatoriana.
La publicación por parte del capuchino navarro Miguel Ángel Cabodevilla, con la colaboración de la periodista Milagros Aguirre y el investigador italiano Massimo de Marchi, del libro Una tragedia ocultada ha causado una gran conmoción en el país sudamericano, al coincidir con la decisión de la Asamblea Nacional de iniciar las prospecciones petroleras en este parque que hasta ahora se había librado del poder destructor de las empresas petroleras. El libro recoge la muerte de dos ancianos indígenas huaorani, evangelizados a mediados de los años 50 por una corriente religiosa norteamericana, que fallecieron atravesados por las lanzas de un grupo de Taraomenanes. También relata la consiguiente venganza en forma de cacería humana que se produjo en marzo de este mismo año 2013, y que dejó como saldo un número indeterminado de muertos y el secuestro de dos niñas Taraomenane, en lo más profundo de la selva que comparten las provincias de Orellana y Napo. El libro critica la pasividad del Estado ecuatoriano ante esta matanza, y el intento por silenciarla ante la inminencia de la extracción petrolera. En unas declaraciones realizadas al documentalista ecuatoriano Carlos Andrés Vera, Cabodevilla ha denunciado que "Si el Gobierno buscaba declarar explotable Yasuní, o a lo que queda sin explotar del parque, este episodio de la matanza no les venía nada bien".
El pasado 28 de septiembre, el mismo día en el que se iba a producir la presentación del libro en la capital ecuatoriana, la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha amagó con censurar su edición, bajo el argumento de que "ofrecía nombres e imágenes de menores de edad". Los grupos ecologistas denunciaron que detrás de esta maniobra judicial se escondía la mano del poder político quiteño, que veía cómo la decisión de permitir el paso de las petroleras al reducto de los últimos territorios vírgenes de la Amazonía podría lastrar la imagen pública del presidente ecuatoriano. La decisión fue tildada "de censura previa", y, ante el revuelo suscitado, el mismísimo presidente Rafael Correa se puso en contacto con el misionero pamplonés para expresar su desacuerdo, ya que "quienes estamos comprometidos con la promoción de la educación, el pensamiento y la razón no podemos silenciarnos ante la censura, desde ningún punto de vista".
La prohibición fue finalmente revocada, y Una tragedia ocultada ya está a la venta, con la financiación del Gobierno de Navarra, y puede descargarse gratuitamente por Internet.
Los Taraomenane Los últimos grupos indígenas que todavía mantienen su modo de vida ancestral en aislamiento se dieron a conocer internacionalmente en 1987, cuando un grupo de Tagaeri atravesó con lanzas al obispo vasco Alejandro Labaka y a la monja colombiana Inés Arango. Los misioneros pretendían contactar con este grupo huaorani en un intento por salvaguardar sus vidas. Labaka preveía que la presión de las petroleras y de las empresas madereras iba a provocar su aniquilación silenciosa, ya que para el Estado eran personas que ni siquiera existían.
Las muertes de los dos religiosos puso sobre la palestra la existencia de grupos indígenas no contactados en la Amazonía, por lo que en 1998 el Gobierno de Jamil Mahuad aprobó la creación de un territorio intangible, que les permitiera sobrevivir lejos de la explotación de los recursos naturales. El Gobierno ecuatoriano se comprometía a mantener el entorno en el que se presumía que habitaban estos indígenas alejado de las torres de extracción de crudo.
En 2013, con Correa como presidente, se aprobó la iniciativa Yasuní-ITT, que condicionaba el mantenimiento de la zona intangible al ingreso de una compensación por la no explotación del crudo. El presidente ecuatoriano se comprometía a dejar bajo tierra alrededor de 856 millones de barriles de petróleo, a cambio de ayudas económicas por parte de los donantes internacionales, por un valor estimado del 50% del beneficio que percibiría si se diera la explotación de este recurso, unos 350 millones de dólares anuales.
Sin embargo, Ecuador es un país que depende enormemente de sus materias primas. Miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un 30% de sus ingresos proviene de la extracción de petróleo. En los cinco años de vigencia del plan Yasuní-ITT, el gobierno de Correa esperaba recoger 3.600 millones de dólares por parte de los países donantes, y solo ha conseguido reunir 13,3 millones de dólares de depósitos, y el compromiso de donación de otros 116 millones más. Ante estos números que no cumplieron sus expectativas, el pasado mes de agosto Rafael Correa declaró que "el mundo nos ha fallado", y anunció el inicio de los trabajos dentro de la zona intangible, empleando "técnicas de extracción de última generación" que solo afectarán 'al uno por mil' del parque.
Esta decisión chocaba con sus recurrentes declaraciones a favor del medio ambiente, y provocaron una gran respuesta por parte de un nutrido grupo de la sociedad, que demanda que no se destruya esa joya humana y natural que es Yasuní. Para el presidente del Ecuador las críticas a su decisión obedecen a 'una gran hipocresía', y buscan politizar el tema para 'derrotar al gobierno, manipulando sobre todo a los jóvenes'.
El investigador pamplonés, autor de más de 20 publicaciones sobre etnias amazónicas y uno de los mayores expertos en el tema, critica la falta de conocimiento de las autoridades ecuatorianas sobre la situación de los pueblos ocultos: "Si Ecuador dice en serio lo que dice en la Constitución, y el Gobierno dice en serio lo que dice, la primera inversión que habría que hacer es en conocimiento. ¿Para qué sirven todas las leyes, toda la palabrería, si no sabemos qué gente hay, qué gente no hay?".
En declaraciones efectuadas a diferentes medios, Cabodevilla solicita un lapso de tiempo para que se estudie a fondo la situación de estos grupos indígenas, y se tomen las medidas en función a los datos científicos, y no a las elucubraciones hechas a la medida de los intereses de las petroleras: "Que se tenga una pequeña consideración, que se espere al menos 6 meses o un año, y en ese tiempo hagamos un estudio serio sobre esa zona, para despejar todas las dudas sobre están o no están, cuántos son, qué áreas de movimiento tienen, cuáles son sus pautas de relación... Es lo mínimo que se debería hacer con ellos".
