pamplona - La mayoría de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el órgano de gobierno interno de los jueces y tribunales de Navarra, denunció ayer la escasa inversión del Gobierno foral en Justicia que han llevado a un “incumplimiento reiterado de sus obligaciones” en este ámbito durante los últimos cinco años, situación que ha generado el cierre de algún servicio, la sobrecarga de trabajo en juzgados sin funcionarios de refuerzo y sin que se cubran sus bajas, el retraso de pruebas periciales por la falta de profesionales o la nula dinamización de las herramientas informáticas judiciales.

La Sala está compuesta por ocho miembros -cuatro natos por su cargo (presidente del TSJN, Joaquín Galve; el presidente de la Sala de lo Social, Víctor Cubero; la presidenta de la Audiencia Provincial, Esther Erice y el presidente de la Sala de lo Contencioso, cargo que estaba vacante en el momento de votarse este acuerdo debido a que a Paco Pueyo le elige hoy mismo el CGPJ como único candidato)- y otros cuatro electos -que son elegidos por el resto de magistrados y jueces-. Estos que forman parte de la Sala de Gobierno como miembros electos son Edilberto Esteban Iglesias (juez de Instrucción 4), Mari Paz Benito (jueza decana e Instrucción 3), Margarita Pérez-Salazar (jueza de Familia) y Sandra Vázquez (juzgado de Tafalla). Los cuatro votaron a favor del acuerdo en el que denuncian el insuficiente compromiso presupuestario de Navarra como Administración para garantizar un servicio público de calidad y sin dilaciones”. Joaquín Galve, presidente del TSJN, votó en contra de la resolución mientras que Víctor Cubero y Esther Erice estaban de acuerdo en el contenido de la denuncia, pero votaron en contra porque consideraban más adecuado que se comisionara a Galve, como máximo responsable del TSJN, al objeto de que realizara nuevas gestiones ante el Gobierno foral con el fin de obtener soluciones a los problemas que se plantean. Los firmantes que respaldan el acuerdo opinan que la actitud del Ejecutivo foral es “persistente y grave” por lo que entienden que es el momento de trasladarlo a la opinión pública.

Por ir al detalle, el frente abierto por los jueces navarros contra el Ejecutivo foral adquiere especial relevancia por venir del órgano institucional que lo emite, aunque la situación, por ejemplo, ya había sido denunciada en varias ocasiones por sindicatos, incluso por el anterior presidente del TSJN, Juan Manuel Fernández, que criticó la escasa aportación del Gobierno navarro en sus presupuestos a la Administración de Justicia. Ahora, el hartazgo de los magistrados adquiere un punto más álgido que resumen en el incumplimiento de cinco puntos. El primero sería la ausencia en Pamplona de un Servicio Común General que realice funciones de registro, ya que es la única sede de un Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Provincial que no cuenta con el mismo. Se viene pidiendo desde 2010 y no existe más que una versión de Orden Foral al respecto. Además, no hay ningún avance para implantar la Oficina Judicial ni existe un servicio de información adecuado y recuerdan que el Servicio Común de Ejecución funcionó cuatro años y luego se suprimió porque no había una Orden Foral que le diera soporte formal.

La segunda crítica al Ejecutivo se refiere a la “denegación sistemática” de los refuerzos de jornada solicitados para funcionarios de ciertos juzgados que están colapsados. “Cuando se ha obtenido respuesta de estas solicitudes”, dicen los jueces, se ha alegado el hecho de que existían otros refuerzos, “lo que no es cierto, ya que tales refuerzos, algunos históricos, no son sino verdaderas plazas de plantilla ordinaria que el Gobierno de Navarra se niega a integrar como tales. Se trata por tanto de refuerzos ficticios que enmascaran la necesidad de un aumento de la plantilla orgánica”. A ello se añade la tardanza en la sustitución de bajas de funcionarios por enfermedad o traslado.

Entre otros aspectos de la denuncia de la magistratura se reseña también el insuficiente número de abogados de guardia y la poca atención que el Gobierno ha prestado a las reclamaciones para incrementar la plantilla de psicólogos que realizan informes en los Juzgados de Familia. Desde 1981 se cuenta con una persona para realizar el informe pericial psicológico y con otra para informes sociales pese al incremento de trabajo en estos órganos desde aquellas fechas de inicio, hace ahora 33 años. Los jueces destacan que “la situación es en este momento insostenible con un retraso de casi un año para la práctica de informes periciales”.

Por último, la sala de Gobierno del TSJN clama por “el insuficiente presupuesto destinado por el Gobierno foral a nuevos proyectos informáticos” que permitan mejorar la tramitación de asuntos. Dicen que el gasto en esta parcela sería “una inversión” para muchos años. Por tanto, concluyen que los jueces en Navarra, la comunidad con menos tasa de jueces por habitante, “asumen una carga de trabajo muy superior a la adecuada”, lo que “se agrava por la actitud del Gobierno foral que está a la cola en gasto neto por habitante y en porcentaje del presupuesto destinado a la Administración de Justicia”. Por ello, creen preciso que se conozca “la situación que soportamos, en el convencimiento de que no es solo un problema que afecte a los que aquí trabajamos sino a todos a quienes hemos de dar un servicio adecuado cada día y que ahora no podemos atender.

Semejante golpe encima de la mesa resultar ser el último acuerdo adoptado por esta Sala de Gobierno puesto que el próximo miércoles los 65 jueces y magistrados navarros están citados a las urnas para votar a los nuevos cargos electos, es decir a 4 miembros de una Sala de 8. Se presentarán dos listas para elegir a tres magistrados: una conjunta formada por magistrados de Foro Judicial Independiente y de jueces no asociados compuesta por Edilberto Esteban Iglesias, Margarita Pérez Salazar, Esther Fernández Arjonillas (jueza de refuerzo de lo Mercantil y titular en Estella) y María Alemán (Penal 1) y otra de Jueces por la Democracia que integran Miguel Ángel Abárzuza (TSJN), Francisco García Romo (Penal 2) y Aurora Ruiz (Penal 3). Además, Sandra Vázquez se presentará como juez para la única plaza a elegir.

A favor de la denuncia pública. Votaron Mari Paz Benito (juez decana e Instrucción 3), Edilberto Esteban Iglesias (Instrucción 4), Sandra Vázquez (Tafalla) y Margarita Pérez-Salazar (Familia). Son los cuatro miembros que eligen el resto de jueces y que cesan la semana próxima.

En contra. Víctor Cubero (presidente de la Sala Social), Esther Erice (presidenta Audiencia) -ambos estaban de acuerdo con el contenido pero apostaban porque Galve se sentara a negociar con el Gobierno las prioridades-. También votó en contra el presidente del TSJN, Joaquín Galve.