Un total de 2.269 viviendas alquiladas en Navarra tienen como caseros a megatenedores privados que suman 50 o más alquileres. Son 15 empresas que dependen de once grupos empresariales. Acumulan el 18% de las 12.167 viviendas inscritas en el Registro de contratos de arrendamiento de viviendas de Navarra, según datos aportados a Civio por el Gobierno navarro a fecha de 28 de septiembre. A estas viviendas se suman otras 1.164 alquiladas por la empresa autonómica Navarra de Suelo y Vivienda y por el Ayuntamiento de Pamplona, las dos únicas entidades públicas con 50 o más viviendas alquiladas.
Dos de estas 15 empresas megatenedoras dependen de Adania Grupo Empresarial, que suma 564 contratos de alquiler y se sitúa como el mayor casero privado de la comunidad autónoma. Tras ella, Caja Rural de Navarra, con 422 alquileres, es la segunda entidad que más casas tiene alquiladas, aunque no directamente sino a través de Errotabidea, empresa dedicada al alquiler de vivienda protegida de la que la caja tiene un 46% de acciones.
¿Quiénes son los principales propietarios de inmuebles en alquiler en Navarra?
La información remitida a Civio por el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, a partir de una solicitud de información a través del Portal Transparencia de Navarra, detalla la identidad de las entidades jurídicas propietarias de 50 o más viviendas alquiladas inscritas en el Registro de contratos de arrendamiento de viviendas de Navarra, puesto en marcha en mayo de 2023. Esta misma solicitud la hemos presentado también a las comunidades autónomas en las que está regulado el depósito de fianzas de alquileres. Ya puedes leer la información sobre la Comunidad de Madrid, Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, País Vasco,Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia. Seguimos trabajando para daros la información sobre el resto de comunidades autónomas.
Las siguientes empresas con más viviendas alquiladas son las dos únicas que son extranjeras. Una de ellas es Blackstone, que suma 332 viviendas que son propiedad de su mayor filial, Testa Residencial. La otra es la consultora alemana Catella, con otras 231.
Aunque la presencia de Blackstone en Navarra está a mucha distancia de la que tiene en la Comunidad de Madrid, donde suma más de 13.000 viviendas alquiladas, también en esta región ha sido protagonista de algunos de los mayores conflictos en torno a la vivienda. Lo fue en 2020, cuando, en plena pandemia de Covid-19, el fondo de inversión estadounidense pretendió subir casi un 50% los alquileres de 392 viviendas en Pamplona que habían dejado de ser de protección oficial. Tras la mediación del Gobierno foral, el fondo de inversión bajó de los 200 a 60 euros la subida de los alquileres.
En la actualidad, según detallan a Civio desde Haritu, colectivo por el derecho a la vivienda en Pamplona, los conflictos con Blackstone se concentran en el barrio de Buztintxuri, donde el fondo de inversión es propietario de ocho bloques de viviendas. “Los tiene completamente abandonados”, afirma Mikel Izurzu, miembro de este colectivo. “Las vecinas llevan desde el invierno pasado con la caldera averiada, con todas las puertas de los portales abiertas, con destrozos en las zonas comunes, los timbres y los ascensores rotos. Blackstone no les hace ni caso, creemos que porque quieren que los inquilinos se vayan para hacer una reforma integral y subir los alquileres”, continúa. En 2022, según muestran las cuentas anuales de Testa Residencial, solo esta filial de Blackstone ingresó 3,4 millones de euros en alquileres en Navarra, un 15% más que el año anterior.
Un parque público lejos de la CAV
La administración navarra, a través de Navarra de Suelo y Vivienda, es el mayor casero de la comunidad autónoma, con 1.102 viviendas alquiladas, el doble que el mayor casero privado. A estas viviendas se suman otras 62 alquiladas por el Ayuntamiento de Pamplona, la otra única entidad pública que aparece como arrendadora de 50 o más viviendas. A pesar de ello, Navarra cuenta tan solo con 0,17 viviendas alquiladas por organismos públicos por cada cien habitantes, una cifra muy lejana a las 0,5 del País Vasco y cercana al 0,2 de las Islas Baleares.
“Hay unas listas brutales para acceder a una vivienda pública”, señalan desde Haritu, colectivo que, además de al activismo por el derecho a la vivienda tiene en marcha una despensa solidaria para proporcionar productos básicos a las personas más necesitadas. “La mayoría de personas que vienen a nuestra asamblea están apuntadas como demandantes de vivienda, pero es muy difícil conseguir una; incluso para los casos de emergencia solo se cuenta algunas viviendas temporales muy precarias de Cruz Roja o de algún otro recurso parecido”, continúa.
Desde Haritu también alertan de que, ante la falta de vivienda, muchas de las personas a las que prestan apoyo, sobre todo migrantes, se ven abocadas a subarrendar habitaciones. “Hay familias enteras viviendo en una habitación por la que pagan 600 euros, a veces sin tener ni siquiera derecho a utilizar la cocina o el baño”, denuncia Izurzu.
A 1 de septiembre, el número de solicitantes de alquiler de vivienda protegida ascendía a 16.301 personas, un 72% más que en junio de 2021.
