La tercera jornada técnica del proyecto Vivir mejor en casa se celebró este viernes en Pamplona, una jornada en la que se compartieron las experiencias y aprendizajes en el estudio de la transición de las personas mayores de los cuidados institucionales a la vida en comunidad. Este proyecto, con una duración de tres años hasta 2024, se estableció en Catalunya y Navarra, en concreto en las residencias Santo Domingo de Estella y El Vergel de Pamplona. José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), apuntó que el objetivo de este proyecto es “intentar que se den las circunstancias para que personas que llevan mucho viviendo en residencias puedan salir de allí y seguir viviendo en la comunidad”. 

Raúl Armendáriz, concejal delegado de Servicios Sociales, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Pamplona, destacó que las consecuencias de la pandemia en personas en centros residenciales o en domicilios “en condiciones de soledad y abandono han mostrado que el modelo actual de atención a las personas frágiles en el entorno residencial o domiciliario está en crisis”. Asimismo, apuntó que, “proyectos como este, que plantea el retorno a la comunidad de personas institucionalizadas, debe trabajarse desde el rigor y el absoluto respeto a las personas y sus deseos y circunstancias”. Además, apostó por la prevención de la institucionalización con medidas como reforzar los servicios a domicilio, aumentar las plazas de centros de día y transporte adaptado o facilitar alternativas de vivienda, como apartamentos para personas mayores o viviendas comunitarias.

Por su parte, Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), también destacó la importancia de la prevención porque “es mucho más fácil y eficaz todo lo que se invierta en prevención que luego el esfuerzo de desinstitucionalización”, un concepto en el que también profundizó. Francés destacó que la estrategia de desinstitucionalización “es un proceso de transición hacia la buena vida en la comunidad” y, en este sentido, destacó dos ideas.

En primer lugar, el derecho de las personas a mantener su propia vida y, “en el caso de personas mayores que van perdiendo capacidades, es importante que su entorno pueda trasladar cuáles eran sus deseos antes de llegar a esta situación”. En segundo lugar, avanzar hacia comunidades más inclusivas, es decir, que sean más accesibles o con viviendas donde las personas con dificultades puedan estar, pero también culturalmente más inclusivas. “Hablamos de cómo las comunidades nos tenemos que ayudar en el cuidado y volver al concepto de tribu, en la que nos cuidemos los unos a los otros y en la que no echemos del sistema a las personas más vulnerables”, apuntó Francés.

Sin embargo, recordó que la desinstitucionalización no implica llegar al extremo de cerrar todos los recursos residenciales, pero sí “lleva consigo la transformación de las instituciones”. En este sentido, remarcó que, según la Comisión Europea, se entiende por instituciones cuando las personas que necesitan cuidados viven aisladas y segregadas de la comunidad, “un entorno que limita la participación en la sociedad de las personas que se atienden”. Además, aseguró que en las instituciones no tienen control sobre sus vidas y decisiones cotidianas, “y esto es relevante porque, además, genera una pérdida de la capacidad de decisión en las personas”. Asimismo, añadió que, en las instituciones, en general, priman los requisitos organizativos sobre las necesidades individuales. 

Y para lograr esta desinstitucionalización, Francés planteó una serie de requisitos, como la existencia de contextos comunitarios que sean accesibles y universales y servicios profesionales orientados a la buena vida en la comunidad. Así, destacó la importancia de, además de los apoyos profesionalizados, garantizar “redes de apoyo entre iguales o intergeneracionales que seguro que ayudan en esa estrategia de prevención de la desinstitucionalización” y apuntó que, para lograr este objetivo, “tenemos que estar implicados toda la ciudadanía porque el trabajo profesional en exclusiva no es sostenible”.