Representantes de Asforp (Asociación Foral de Porteros) piden “mayor protección jurídica” en el ejercicio de sus funciones como controladores de acceso de locales de ocio nocturno. Para ello plantean que se les reconozca la condición de agentes de la autoridad cuando desarrollan su trabajo.
Así lo expusieron este martes a representantes de la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra en una reunión que se celebró en Pamplona, donde también plantearon que se establezca el número mínimo de porteros de acuerdo con el aforo de cada establecimiento, sin perjuicio de que este número pueda ser incrementado por los propios hostelero según sus necesidades.
En la reunión estuvieron presentes el director general de Interior, Salvador Díez, el director de Desarrollo de las Políticas de Seguridad, Javier Ojer, el jefe de la Sección de Coordinación de Seguridad, David Carabantes, así como la Directora de Régimen Jurídico, Pilar Álvarez. Por parte de la Asforp acudieron Óscar A. y Valentín Cocos, y por parte de NA Navarra y Servicios Auxiliares, Rubén Sáez.
El encuentro convocado por el Gobierno de Navarra tenía por objetivo dar a conocer a profesionales del sector la próxima convocatoria que se va a realizar por parte de la Administración y en la que se va a proceder a habilitar a todas aquellas personas que realicen el control de acceso y permanencia del público a los establecimientos de ocio nocturno.
Asociaciones profesionales
En este contexto, los representantes de Asforp incidieron en que sería fundamental para los trabajadores contar con “mayor protección jurídica” que la que ostentan en la actualidad, y por ello piden que la Administración les reconozca la condición de agente de la autoridad. Los porteros también defendieron el papel de las “asociaciones profesionales que promueven la profesionalidad” para que sean estas entidades a las que se les otorguen la protección jurídica y de ellas emane a los trabajadores asociados.
Los responsables de Interior les indicaron que esta petición excede las competencias de Navarra, sino que correspondería al Estado modificar la normativa en materia de seguridad pública. En este sentido, plantearon que quizá sean reivindicaciones que haya que plantear a nivel estatal.
Asimismo, plantearon algunas modificaciones en el Decreto Foral 33/2011, de 2 de mayo, para que se clarifiquen sus funciones en el caso de alteraciones del orden público o la posibilidad de solicitar documentación cuando alguno de los clientes cometa algún tipo de infracción administrativa en el interior de los establecimientos.
Igualmente, pidieron que se elabore un anexo al decreto foral con las consideradas actividades recreativas y espectáculos públicos, o que se establezca un aforo mínimo a partir del cual sea preceptivo el personal de seguridad privada.
