La consejera de Derechos Sociales y Empleo, Carmen Maeztu, ha anunciado este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra la puesta en marcha durante 2025 de un plan operativo que busca impulsar la contratación reservada por motivos sociales.
Según ha explicado, se definirá un procedimiento específico para detectar oportunidades de este tipo de contratos y se ofrecerá soporte a las unidades gestoras mediante guías específicas y formación en el Instituto Navarro de Administración Pública.
Maeztu ha destacado la intención de pilotar innovaciones en buenas prácticas de contratación pública, "incluyendo acuerdos conjuntos entre departamentos para la contratación de servicios comunes como catering, traslados o lavandería, mediante contratos reservados".
Para garantizar la continuidad de este trabajo, la consejera ha avanzado la creación de una oficina técnica permanente dentro de la Dirección General de Economía Social, que "actuará como instrumento de apoyo y coordinación para fomentar una cultura de contratación reservada en la administración".
Maeztu respondía así a una interpelación de la parlamentaria del PP Maribel García Malo, quien ha recordado el informe solicitado a la Cámara de Comptos para fiscalizar el grado de cumplimiento del artículo 36 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, que "exige que el 6% de los contratos sean reservados".
Según ha denunciado, la Cámara constata un "reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de Navarra de la reserva de contratos con los centros especiales de empleo y las empresas de inserción", habiendo reservado en 2023 "solo un 1%".
La representante popular ha apuntado que "los centros especiales de empleo y las empresas de inserción son estratégicos para la integración laboral de las personas más vulnerables, pero tienen muy complicado mantener el equilibrio entre la labor social y la viabilidad económica".
LOS GRUPOS
Marta Álvarez, de UPN, ha denunciado que la ley "no se ha cumplido nunca y sigue sin cumplirse", a pesar de que "efectivamente, es casi imposible que se reserve un 6%".
"No hay nada distinto a lo que se está haciendo. Después de 10 años de este Gobierno, es el momento de tomar medidas", ha asegurado.
Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha manifestado que "esto no va solo de si cumple o no el Gobierno de Navarra", sino de que "las Administraciones forales en su conjunto deben facilitar la inclusión". "Suspenden prácticamente todas las Administraciones, esto no va de partidos políticos", ha afirmado.
Jabier Arza (EH Bildu) ha señalado que "el mercado libre no da respuestas" y ha puesto en valor "los beneficios sociales que estas empresas aportan a nuestra sociedad, incluso económicos". "Los datos sobre el cumplimiento de la reserva de contratos no son buenos y no lo han sido nunca", ha protestado, asimismo.
Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha coincidido en que "la reserva del 6% no se ha cumplido nunca, ni se ha acercado siquiera", pero "la entidad que más se ha acercado es el Instituto de Salud Pública y Laboral". "Es un déficit de las Administraciones lamentable, porque repercute muy negativamente en unos recursos laborales muy importantes en la economía social", ha señalado.
Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha sostenido que "el trabajo no solo es un medio de subsistencia, sino en condiciones de dignidad también es esencial en el desarrollo de vida y el desarrollo de las personas". "Los centros especiales de empleo y las empresas de inserción son una herramienta fundamental para lograrlo", ha puesto en valor.
Finalmente, Maite Nosti (Vox) ha considerado que "la obligación de reservar contratos no es opcional, es un mandato legal y, sobre todo, una cuestión de justicia social" y ha expresado "todo nuestro apoyo y colaboración" a la consejera.
