Se denomina Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia pero pese a la nomenclatura su resultado está aún por comprobarse. Dicha norma, aprobada el pasado 2 de enero y que en el ámbito judicial pasa por ser una de las reformas más importantes de los últimos años pese a su escasa publicidad, va a obligar a que a partir del próximo jueves 3 de abril en aquellos procedimientos civiles, de familia o mercantiles las partes implicadas se sometan a un proceso de mediación previa, un procedimiento ahora denominado Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
Dicha alternativa a la vía ordinaria de acceso a la Justicia genera una incertidumbre palpable entre los operadores jurídicos, expuestos a un mecanismo de resolución de conflictos novedoso y en el que aunque pueda beneficiar a ciertos consumidores puede suponer también un acicate para los grandes bancos, entidades de crédito o comerciales, que se pueden ver beneficiados por este paso previo y preceptivo al juzgado y que muchos ciudadanos desistan tras la misma si no ven un acuerdo posible. Bien es cierto que la reforma está planteada sobre la mesa para tratar de descongestionar la Justicia y que ciertos asuntos civiles no acaben finalmente en los tribunales, pero los profesionales que se atreven a afirmar que esta va a ser la vía para lograrlo apenas se dejan sentir.
Por ahora, lo que ha provocado la inminente entrada en vigor de la nueva normativa ha supuesto durante el último mes el estallido de una cantidad ingente de procedimientos civiles, principalmente económicos, y también demandas de familia, jurisdicción donde la abogacía especializada observa con preocupación los hechos que se suceden debido al retraso que van a provocar en los procedimientos.
La opinión desde los juzgados
Con los números encima de la mesa, dos de las letradas de la Administración de Justicia en órganos judiciales de Primera Instancia de Pamplona constatan que los números muestran bien a las claras que se encuentran ante un auténtico alud de demandas. Por ejemplo, en uno de los juzgados civiles de la capital navarra se registraron en total 238 procedimientos, mientras que en febrero alcanzaron los 249. Sin embargo, el desbocamiento de asuntos en el mes de marzo ha llevado a que se hubieran tramitado hasta el pasado jueves hasta 402 asuntos, un 65% más que los meses precedentes. El aumento más importante se ha producido en los procesos declarativos verbales, que se usa para resolver conflictos civiles de cuantía inferior a 15.000 euros. Habían llegado a 106 en enero, hubo otros 135 en febrero mientras que en marzo alcanzaron los 172. El proceso que mayor ascenso ha experimentado son los monitorios, las reclamaciones de deudas de entidades y comunidades de vecinos a particulares, que han pasado de 67 en enero y 48 en febrero hasta llegar a los 176 en marzo. En el primer trimestre de este año se han registrado 291 monitorios, por 213 del año anterior; mientras que los procedimientos monitorios han crecido de los 128 del año 2023 a los 413 del primer trimestre de este año.
"Esta avalancha en este mes ha venido motivada por la inmediata entrada en vigor de la reforma procesal, pero supone sólo un plus al aumento progresivo que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años por el enorme número de procesos de materia relativa a cuestiones bancarias (cláusulas suelo, gastos hipotecarios, índices IRPH…) y sobre todo a condiciones generales de la contratación, iniciadas tanto por consumidores y usuarios como por aquellas demandas presentadas por personas jurídicas hacia consumidores en reclamaciones de cantidad que refleja el endeudamiento de las familias", exponen desde los juzgados.
"Siempre es bueno confiar en que dichos mecanismos de resolución de conflictos sean útiles y que su utilización sea cada vez mayor, aunque solo sea por su obligatoriedad va a contribuir a reducir la carga en los juzgados. Lo que es cierto es que hay que creer y hacer uso de verdad de esa herramienta, no como mero requisito para poder poner la demanda, sino intentarlo de verdad", afirman los especialistas, que también entienden las reticencias de los demandantes a dicho proceso por lo que implica en cuanto a que "se va a alargar el proceso de resolución de su conflicto o demanda y va a sumar más gastos".
65% de aumento en los procedimientos en marzo
Las reclamaciones civiles presentadas en los juzgados de Primera Instancia de Navarra durante el mes de marzo suponen un 65% de subida respecto a los procedimientos que se habían registrado en los meses precedentes de enero y febrero. La incertidumbre afecta a todo tipo de reclamaciones económicas, hipotecarias, bancarias y también a demandas de familia, donde existe una gran preocupación por la abogacía especializada.
