Es portada en toda la prensa nacional, abre los informativos y ha encendido el debate parlamentario. Sin embargo, las disfunciones reflejadas en la Memoria de la Fiscalía General del Estado en el sistema de pulseras telemáticas que portan los maltratadores es un asunto que viene de lejos. El año pasado, en junio, en estas páginas, se publicó un reportaje al respecto. El aluvión de disfunciones generaba entonces una veintena de expedientes a la semana en los juzgados de Violencia de Navarra. Entonces, alcanzaban los 78 dispositivos. En la actualidad, según los datos de la Delegación del Gobierno de Violencia, las pulseras GPS a maltratadores llegan a 56 en Navarra.
Y siguen generando problemas a día de hoy. Además, las especialistas que trabajan en el ámbito de las víctimas consideran que el sistema está un tanto “pervertido” porque “los agresores utilizan como nueva forma de maltrato y las víctimas les reactiva el miedo, sin que a ellos les ocurra nada. Decir que pueden estar tranquilas es en muchos casos desconocer el funcionamiento del sistema”, aseguran estas especialistas. A principios de este año, de hecho, hubo una víctima, con el agresor condenado en firme a una altísima pena de prisión, que estuvo ilocalizado durante 36 horas, “tiempo en el que tuvo que estar encerrada en casa tanto la víctima como sus hijos”. Por suerte, poco después se ejecutó la sentencia y se le encarceló. Pese a las críticas al sistema, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a raíz de la polémica de esta semana, aseguró que las víctimas “están protegidas, a salvo. Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan”.
La pulsera de control telemático se impone en casos graves de maltrato en los que al agresor, a la espera de juicio, no es enviado a prisión, pero se aprecia un riesgo alto de reincidencia. También la portan condenados por maltrato a alejamiento. El problema es que la víctima debe llevar también encima el dispositivo, para comunicarles si pudieran estar en peligro. En caso de que el agresor incumpla de modo continuado la medida cautelar, se le podría condenar por quebrantamiento. Pero no es nada sencillo. Para ello se necesita probar que su intención es perturbar a la víctima y quebrantar el mandato judicial.
España cuenta, a fecha de julio de este año, con más de 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En concreto, según las estadísticas, a 31 de julio de 2025, el número de dispositivos activos es de 4.515, dato que ha experimentado una disminución del 6,3% respecto al año 2024.
En la actualidad hay 118 internos que cumplen pena de prisión en el centro penitenciario de Pamplona. El año pasado, por estas mismas fechas, la cifra alcanzaba los 96 reclusos. Muchos de ellos son condenados por quebrantamiento de condena, no solo por maltrato físico, psicológico o un asunto de violencia sexual, sino porque precisamente se saltaron la prohibición de acercarse o de ponerse en contacto con las víctimas.
La pulsera telemática se impone en los casos graves, en los que el agresor no termina en prisión. La pulsera de control telemático se impone en casos graves de maltrato en los que al agresor, a la espera de juicio, no es enviado a prisión, pero se aprecia un riesgo alto de reincidencia. También la portan condenados por maltrato a alejamiento. El problema es que la víctima debe llevar encima el dispositivo.
Son más de 2.000 las víctimas de violencia machista en Navarra que requieren de protección policial. En muchos casos, esas víctimas disponen de una orden de protección concedida por un órgano judicial, ya sea de manera preventiva o a partir de una sentencia en firme. En todo 2024 se solicitaron 490 órdenes de protección en la Comunidad Foral. Pero si algo aflora con relevancia en la Memoria de la Fiscalía navarra es precisamente el poco respeto de los maltratadores a dicha medida. El análisis estadístico contiene que, en los primeros tres meses del presente año, los juzgados de violencia sobre la mujer de Navarra incoaron 93 órdenes de protección y seguridad a las víctimas (150 en el mismo periodo de 2024, esto es, un descenso del 38%), de las que adoptaron 65 y denegaron 28.
En la Memoria del Ministerio Público se destaca que “el grupo de delitos contra la Administración de Justicia está dominado por el quebrantamiento de condena o medida cautelar, casi siempre en el ámbito de la violencia de género y doméstica, y que ha visto cómo en 2024 se ha producido un incremento de 122,9%, al pasar de 1.378 delitos cometidos en 2023, a 3.071 cometidos en 2024. Por otro lado y a pesar del aumento porcentual registrado, éste no llega a reflejar fielmente el incremento en el número de delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, toda vez que los casos en que tal quebrantamiento concurre con un delito de lesiones, amenazas o coacciones contra una persona del nucleo familiar, el delito resultante es ese otro agravado”.
