El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), ha dado un paso decisivo para saldar una deuda histórica con las víctimas más invisibles de la violencia de género: los hijos e hijas de mujeres asesinadas. El nuevo decreto foral, que actualmente se encuentra en fase de participación pública, busca ofrecer una reparación económica y un respaldo institucional estable para quienes han sufrido la pérdida traumática de sus madres.
La futura norma establece una ayuda económica anual equivalente al 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) distribuida en 12 mensualidades. Conscientes de la vulnerabilidad añadida en ciertos casos, la cuantía se duplicará para aquellas personas beneficiarias que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o se encuentren en situación de dependencia.
Aunque la ayuda se abonará con carácter general hasta la mayoría de edad, el Gobierno foral ha previsto prórrogas hasta los 25 años. Esta extensión se aplicará en supuestos de especial vulnerabilidad, situaciones de dependencia o cuando los jóvenes se encuentren cursando estudios oficiales, garantizando así que la falta de recursos no frene su desarrollo académico y profesional.
10.000 euros para casos anteriores
Uno de los puntos más destacados del proyecto es su carácter integrador. Para evitar desigualdades respecto a quienes perdieron a sus madres antes de la aprobación de esta ley, se ha diseñado una ayuda extraordinaria de pago único de 10.000 euros.
Esta medida cubrirá a los huérfanos por violencia contra las mujeres desde el año 2003 —fecha en la que comenzó el registro oficial de casos— hasta la entrada en vigor del nuevo decreto.
Sin burocracia y bajo confidencialidad
El texto pone el foco en la no revictimización. Para ello, la Administración se compromete a realizar la mayoría de los trámites de oficio, evitando que las víctimas tengan que reiterar procesos administrativos dolorosos e innecesarios. Además, por motivos de seguridad y atención a su especial vulnerabilidad, los datos personales de los beneficiarios no serán publicados.
Participación pública: La ciudadanía y entidades sociales tienen hasta el próximo 29 de mayo para realizar aportaciones a este proyecto de decreto antes de su aprobación definitiva.
Con este marco legal, Navarra se posiciona a la vanguardia en políticas de igualdad, reconociendo que la reparación a las víctimas de la violencia machista debe extenderse, necesariamente, a sus hijos e hijas.
