Santos Cerdán proclamó ayer su inocencia en el Parlamento de Navarra y sugirió que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo implicó en una presunta trama corrupta de amaño de obra pública a cambio de mordidas incluye afirmaciones que “no se van a poder demostrar porque son falsas”. El exdirigente socialista navarro negó cualquier participación en gestiones irregulares y sostuvo que no existe “ninguna prueba” que lo vincule con decisiones bajo sospecha.
Aunque en un primer momento anunció que se acogería a su derecho a no declarar, finalmente respondió a las preguntas de los grupos y fue desgranando su versión sobre todos los asuntos que aparecen en la investigación judicial. Uno de los temas clave fue su relación con Servinabar y su administrador, Antxon Alonso. Cerdán negó de forma reiterada haber sido socio de la mercantil– pese a que la UCO recoge que el 45% de la sociedad sería de su titularidad– e insistió en que la supuesta adquisición de participaciones nunca se materializó: “No se pagó por ninguna de las acciones, no se registró en el Registro Mercantil y no se repartieron beneficios”, afirmó.
“No soy socio del señor Alonso, ese documento no ha sido válido”, añadió, rechazando que pueda hablarse de titularidad encubierta o participación indirecta. A su juicio, si realmente hubiera sido propietario de la sociedad, existirían rastros documentales y movimientos económicos que así lo acreditaran. “No hay ninguna prueba de que Servinabar sea mía”, zanjó.
Familiares en la empresa
También negó haber realizado gastos con una tarjeta de la empresa, como sostiene la UCO. Sí reconoció que compartió piso en Madrid con Antxon Alonso durante aproximadamente año y medio, cuando se trasladó a la ciudad tras asumir responsabilidades en el PSOE, pero precisó que posteriormente abonó el alquiler de su bolsillo.
Preguntado por los contratos de familiares suyos en Servinabar, Cerdán defendió que se trataba de relaciones laborales reales y rechazó que exista irregularidad alguna. “¿Es algún delito tener trabajando a familiares en una empresa?”, preguntó
En cuanto a las presuntas gestiones en ministerios para favorecer adjudicaciones, el exdiputado negó haber intervenido para beneficiar a empresas concretas. Explicó que en las reuniones mantenidas en Madrid con responsables ministeriales “nunca se habló de ninguna empresa, solo hablábamos de las obras” y de la necesidad de impulsar infraestructuras para Navarra, y defendió que el trabajo de diputados y senadores se mide, en buena parte, por su capacidad de lograr inversiones para su territorio. “El éxito o no éxito” de esa labor, señaló, suele valorarse en función de si se consiguen o no recursos para la comunidad autónoma.
En ese contexto, citó actuaciones como el TAV, las mejoras en la N-121-A o los túneles de Belate como ejemplos de proyectos en los que trabajó políticamente para desbloquear financiación o acelerar trámites, pero sin intervenir –según insistió– en los procesos de adjudicación. Sobre Belate, el eje principal de la comisión, afirmó que no ha estado en ninguna reunión en la que se abordara la adjudicación concreta de esa obra ni ha realizado seguimiento técnico o administrativo de la misma. Negó, a su vez, contactos con responsables del Ejecutivo foral dirigidos a influir en ese expediente.
Audios de la UCO
Uno de los aspectos en los que más se detuvo fue el de los audios presuntamente grabados por Koldo García, que la UCO incorpora a su informe. Cerdán aseguró que “esas conversaciones no son mías” e invitó a leer con detalle las conclusiones policiales. Según alegó, los propios informes reconocen que deben realizarse más análisis y no atribuyen de forma definitiva la voz a una única persona. Afirmó que su defensa dispone de peritajes en los que se concluye que la voz atribuida a Cerdán “no corresponde a una sola persona”, lo que, a su juicio, cuestiona la fiabilidad de esa prueba.
Además, introdujo un argumento técnico para poner en duda la autenticidad de uno de los archivos. Señaló que en una grabación fechada en febrero de 2019 se indica que fue realizada con el sistema operativo iOS 16.1.1. Según explicó en la comisión, esa versión de iOS no se lanzó al mercado hasta noviembre de 2019, varios meses después de la fecha que figura en el audio. Ese desfase temporal, defendió, resulta “importante” para aclarar lo relativo a los audios y, en su opinión, obliga a cuestionar la cadena de custodia o la integridad del archivo.
PP y Vox, de vacío
Cerdán les acusa de mentir
Sin respuestas. En el turno del PP de Navarra, el portavoz Javier García quedó en evidencia en numerosas ocasiones, en las que incluso se escuchó alguna risa tímida en la sala. Cerdán comenzó respondiendo a las primeras preguntas, pero se quejó de que García no le daba margen para responder y le espetó que su carrera política se basa en mentir. “Empieza con un relato mintiendo y no me deja hablar, no me ha dejado contestarle”, dijo, antes de decidir no contestarle más preguntas y dejarlo con la palabra en la boca. En el turno de Vox, Cerdán se acogió a su derecho a no declarar, argumentado que “además, su compañero en el Senado ya dejó claro que yo estaba aquí por haber firmado los acuerdos con los independentistas”. “Entonces, sobra y me acojo al derecho a no contestarle”, afirmó. Emilio Jiménez, entonces, llamó “traidor” a Cerdán y le dijo que “encarna el mal del PSOE y la traición más infame a España y a las víctimas de ETA”. La presidenta de la comisión, Irati Jiménez, tuvo que intervenir para pedir “respeto”.
En términos más generales, Cerdán sostuvo que lleva años siendo investigado y que, de haber existido gestiones irregulares, ya habrían aflorado pruebas concluyentes. “Me han investigado desde que nací”, afirmó, mientras retó a las derechas a que demuestren las acusaciones e insistió en que ni él ni su defensa conocen con precisión el detalle de la presunta destrucción de pruebas que motivó su ingreso en prisión, extremo que también cuestionó.
