La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, anunció este martes que va a trasladar al Ministerio del Interior el informe que recoge los atentados terroristas cometidos por grupos de la extrema derecha en Navarra durante la transición, por ser el órgano administrativo donde se ubica la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que es la Unidad que debe reconocer a estas personas como víctimas "con el fin de que estudie su posible reconocimiento y reparación".
Ollo recordó que Interior elabora cada año un informe sobre víctimas del terrorismo que puede incluir aportaciones de las comunidades autónomas, por lo que cree que lo más conveniente es que este informe se canalice "por esta cobertura legal".
Ollo compareció en el Parlamento foral, a petición de Navarra Suma y Geroa Bai, para explicar el estudio Terrorismo desconocido. Atentados de extrema derecha en Navarra (1975-1985)Terrorismo desconocido. Atentados de extrema derecha en Navarra (1975-1985), que fue presentado justo hace un mes y que da cuenta de los más de 30 atentados atribuidos a grupos de la ultraderecha cometidos en la Comunidad Foral o contra navarros en ese periodo.
Se trata de un informe encargado por la anterior Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. y que ha sido redactado por "un grupo de juristas de reconocido prestigio".
Estamos ante un terrorismo que "apenas ha sido estudiado por las instituciones públicas", pero que "causó un daño muy elevado a una sociedad que pretendía avanzar hacia la consolidación de la democracia y dejó un rastro de sufrimiento personal y social que no ha sido tratado con la justicia que merecen todas las personas que han sufrido la violencia terrorista", expuso Ollo.
En esta violencia figuran los asesinatos de Montejurra, al de Angel Gurmindo en Hendaia, la desaparición del pamplonés José Miguel Etxeberria, Naparra, el ametrallamiento de librerías, ataque a sedes de partidos políticos y sindicatos y de varios establecimientos de hostelería, de la peña Alegría de Iruña, así como ataques a representantes y militantes de la izquierda social, periodistas, libreros, abogados laboralistas, sindicalistas, hosteleros... "Muchas de estas acciones violentas quedaron impunes, y sin denuncia ni procedimiento judicial", relató la consejera.
NINGUNA PIDE DINERO
Ollo destacó que estas víctimas "tenían y tienen acomodo en la legislación vigente pero, sin embargo, pasados 40 años, ni han sido reconocidas ni han sido reparadas". Además, "ninguna de estas víctimas pide una reparación económica", continuó Ollo, y "ellas mismas se autocuraron" con el apoyo de familiares y allegados, pero "sí tienen interés por que esta verdad se incorpore a la memoria crítica con el pasado".
El estudio no pasa por alto que muchas de las acciones violentas de estos grupos ultras fueron apoyadas o encubiertas por sectores del aparato del Estado.
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los cinco grupos parlamentarios presentes en la comisión -no asistió Podemos- valoraron la importancia y oportunidad de este informe.
Uxue Barkos (Geroa Bai) criticó que no haya "habido voluntad política para atender por igual a todas las víctimas del terrorismo, lo que ha provocado "un déficit de justicia", y defendió que se modifique la ley de secretos oficiales.
También Iñaki Iriarte (Navarra Suma) señaló que el Estado "falló a la hora de ofrecer justicia a todas las víctimas", algo "lamentable", y considera una "anomalía" que el Partido Socialista no le exija a EH Bildu la condena del terrorismo.
Inmaculada Jurío (PSN) dijo que existe un "déficit" en el reconocimiento de todo tipo de vulneraciones de derechos humanos, pero defendió la validez de acuerdos para el avance de la sociedad también con EH Bildu aunque ésta no haya hecho "una revisión crítica" del pasado.
Bakartxo Ruiz (EH BIldu) observó "falta de ambición" en este informe y recordó "las dificultades" de estas víctimas para llevar a cabo sus derechos".
Por último Marisa de Simón ( I-E) abogó por el reconocimiento de "todas las víctima con independencia de dónde proceda la violencia".
"UNOS AUDIOS ESCALOFRIANTES"
Pese a que no era objeto de esta comparecencia, el caso Mikel Zabalza también fue objeto de una reflexión por parte de Ana Ollo, que volvió a insistir en la necesidad de que se sepa la verdad sobre la muerte del joven navarro en 1985 tras ser trasladado al cuartel de Intxaurrondo.
"Estos días hemos podido oír unos audios sobre lo que fueron las últimas horas de vida de Mikel Zabalza", comentó la consejera acerca de la grabación en la que el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto explica al coronel Luis Alberto Perote su "impresión" de que ha muerto en el interrogatorio.
"Unos audios escalofriantes que nos interpelan a las instituciones", continuó Ollo, que avanzó que como consejera ha solicitado al Gobierno de España que se articulen las medidas necesarias para facilitar el esclarecimiento de estos hechos, "si es necesario con las modificaciones legales pertinentes y que compense el derecho a la familia de Mikel Zabalza a la verdad, la justicia y la reparación".
