Navarra Suma se descuelga de la reforma de la ley del presidente por partidismo

El resto de grupos considera que lo ocurrido con Ayerdi, que tuvo que dimitir sin llegar a estar investigado, demuestra que la norma tiene poca seguridad jurídica y hay que reformarla

30.03.2021 | 00:24
Yolanda Ibáñez, este lunes junto con Juan Luis Sánchez de Muniáin y Carlos Pérez-Nievas (Navarra Suma).

pamplona – Navarra Suma es el único partido que se ha descolgado de la reforma de la Ley del Gobierno y de su Presidente, el código interno que regula el comportamiento de los consejeros y miembros del Ejecutivo. Es la ley que obligó a dimitir al consejero Manu Ayerdi antes de que el Supremo lo considerara investigado por las ayudas públicas concedidas a la empresa Davalor Salud, y la oposición de la derecha se explica solo desde el punto de vista del interés partidista.

Porque fue una querella de UPN la que desencadenó todo el proceso y Navarra Suma prefiere intentar seguir sacando réditos políticos del episodio –totalmente amortizado y cuyo impacto fue menor– a dotar de la seguridad jurídica suficiente a la ley, cuya actual redacción puede dar lugar a episodios injustos como el de Ayerdi.

Por eso este lunes PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E saludaron la admisión a trámite de la modificación de la ley, que tiene garantizada su aprobación gracias a la holgada mayoría del bloque progresista. El conflicto está en el artículo 68, reformado en 2018 con los votos del cuatripartito en un contexto que merece la pena situar bien. Eran los tiempos en los que los casos de corrupción, la mayoría vinculados al PP, estaban en plena ebullición, y la asunción de responsabilidades políticas quedaba en nada. Con ese espíritu, el cuatripartito, que llegó con el discurso de la pulcritud máxima con todo lo que tuviera que ver con la corrupción, cambió la ley. La redactaron de tal manera que "en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado", deberá dimitir.

Esto es, simplemente cuando un tribunal admita a trámite una querella, por ejemplo, lo que no significa que una persona esté imputada. Porque la ley era ambigua en ese punto, se dio la circunstancia de que Ayerdi dimitió sin estar imputado, lo que la mayoría de los grupos ven como exagerado. Ahora, la reforma dejará claro que el momento de asumir responsabilidades políticas será cuando el tribunal dicte la apertura de juicio oral.

juicio oral Así se entiende que tras la Mesa y Junta, Mikel Buil, de Podemos, celebrara que la reforma va a corregir "una situación perversa". Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, apuntó que esta modificación comparte "la filosofía" de la ley respecto a "anticipar" la asunción de responsabilidad política antes de la penal, pero situándola "en un momento absolutamente objetivo, que es la apertura de juicio oral".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos declaró que el objeto de la reforma es "exactamente el mismo" que el de la ley en vigor, que "ha quedado acreditado" que había que mejorar algunos aspectos, para que el objetivo de la norma "no quede pervertido por otros intereses". En ese sentido, Barkos criticó que se haga un uso "bastardo" de la justicia.

Para el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, la modificación pretende "que haya en la ley una concreción para que no haya inseguridades como las que ha habido ahora" y que a un cargo público "no se le juzgue antes de ser juzgado".

El discurso a la contra lo hizo Carlos Pérez-Nievas, de Navarra Suma. Dijo que es "total, absoluta y rotundamente falso" que la modificación busque una mayor seguridad jurídica, ya que incluso la apertura de juicio oral "no quiere decir que esa persona ya esté condenada". Pérez-Nievas prefirió decir que "algún miedo tienen" si quieren reformular de nuevo el artículo, como insinuando algún episodio todavía por conocer, y defendió que ellos, al presentar la querella, solo hicieron uso de los instrumentos del Estado de derecho.

el artículo

La actual redacción. "El artículo 68 establece que "en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado", debe dimitir.

La reforma propuesta. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han acordado esteblecer la apertura de juicio oral como el momento en el que un cargo tendrá que dimitir en virtud del artículo 68.

"Algún miedo tendrán si están hablando ahora de esto, que es puro oportunismo político"

carlos pérez-nievas

Parlamentario de Navarra Suma

"Tiene que haber una concreción para que no se den situaciones como la que hemos visto"

ramón alzórriz

Portavoz del PSN

"Ha quedado acreditado que había que mejorar algunos aspectos de la ley"

uxue barkos

Portavoz de Geroa Bai

"La filosofía es la misma: anticipar la asunción de responsabilidades, pero con un punto objetivo"

adolfo araiz

Coportavoz de EH Bildu