Frente a la verdad oficial que persiste en el Estado español, el Gobierno vasco va a reconocer públicamente este sábado las graves torturas padecidas en la operación de la Guardia Civil de 1985, que se saldó con la detención y muerte del navarro Mikel Zabalza. Entre las treinta resoluciones de reconocimiento como víctima de vulneraciones de derechos humanos que va a entregar la consejera Beatriz Artolazabal, tres hacen referencia a las personas que fueron arrestadas con Zabalza: su novia, Idoia Aierbe Iribar, ya fallecida tras una larga enfermedad; su primo, Manuel Vizcay; y el director artístico Ion Arretxe, también fallecido recientemente. Sobre Aierbe y Arretxe, se constata que sufrieron "torturas", y Vizcay, el único que sobrevive, padeció "malos tratos".

En el caso concreto de Zabalza, no se ha podido emitir todavía un dictamen favorable a falta de recibir toda la información solicitada a distintas instancias. No obstante, este paso adelante supone un reconocimiento indirecto hacia él, y es un primer bálsamo para una familia que ha padecido durante décadas un sufrimiento añadido, una versión según la cual el joven de Orbaizeta conductor de autobuses murió ahogado en el río Bidasoa, cuando se disponía a conducir a las fuerzas de seguridad a un zulo de ETA.

Ni siquiera la autopsia confirmó que muriera por inhalar agua, y las grabaciones del coronel Perote y el capitán Gómez Nieto reconocieron como muy probable que la causa de la muerte fueran las torturas en Intxaurrondo.

Aunque en Navarra y la CAV existe un consenso amplísimo a favor del reconocimiento, el Gobierno español ha evitado asumir una actitud proactiva y ha rechazado en el Congreso desclasificar los documentos oficiales sobre este caso si no se lo pide un juez, y tampoco instará a la Fiscalía.

La Guardia Civil de la época defendió estas detenciones porque en las vísperas se había producido un atentado en Pasaia contra dos militares y un guardia civil, aunque el argumento se diluyó como un azucarillo: quedaron libres sin fianza. Eso sí, con años de secuelas.

únicos casos en democracia Estos reconocimientos son el resultado de la minuciosa labor de la comisión de expertos de la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999, aunque la mayoría de los casos son rezagados del decreto que abarcaba la etapa franquista.

Los tres detenidos con Zabalza son los únicos casos ya en democracia, tras la muerte de Franco y la Transición. La comisión presidida por Juana Balmaseda e integrada por expertos como el forense Paco Etxeberria compareció el miércoles en el Parlamento Vasco para informar de que ha resuelto 35 expedientes, en un proceso que sigue abierto y donde hay 1.017 solicitudes.

De los 35, 28 iban a ser reconocidos el sábado porque otros siete afectados preferían preservar su anonimato. Pero el reflejo de los testimonios en la prensa ha animado a otras dos víctimas, de manera que serán treinta. Destaca el peso de las torturas y malos tratos (24, de los cuales diez son de Bakio, en sintonía con la especial fijación con la Bizkaia rural).

Hubo dos fallecidos (el joven Koldo Arriola, de 19 años; y el leonés Felipe Suárez, muerto a los 29 años tras recibir un impacto de bala en 1976 en un control policial entre Zarautz y Zestoa).

Se reconoce el hostigamiento continuado en los setenta contra la familia que regentaba el bar Uranga en Amorebieta, que sufrió ametrallamientos y lanzamiento de objetos incendiarios. Se reconoce a Mari Carmen Uranga (en un ataque fue herida también su madre), y a su marido ya fallecido Juan María Zuloaga, torturado en 1968.

Además, figuran actuaciones desproporcionadas contra personas anónimas, casi por azar y sin mediar acusaciones de por medio.

Muy contados casos se produjeron en el contexto de actividades políticas. Es testimonial la presencia de personas acusadas en la época de formar parte de ETA o la izquierda aber-tzale, como Iñaki O'Shea.

Destaca la presencia de personas de muy corta edad. El jovencísimo Iñigo Moyua Careaga fue ametrallado en 1972 en uno de esos controles de la Guardia Civil y sufrió heridas de diferente consideración cuando solo tenía 16 años. Muestra uno de los lados más oscuros de estas vulneraciones, que no se detenían ante nada.

También se reconoce a Koldo Arriola, quien murió con solo 19 años en el cuartel de la Guardia Civil de Ondarroa en 1975 tras haber recibido un disparo. Volvía de una cena de fin de curso cantando en euskera. De todas las víctimas, 9 eran mujeres.

Figuran otros casos con mayor proyección, como el de José María Madariaga Zugadi, torturado en 1968. Fue uno de los curas vascos, de la parroquia de Bakio, que enviaron un manifiesto contra la dictadura de Franco a los obispos españoles y hasta el mismísimo Vaticano.

En algunos casos, se produjeron vulneraciones en el contexto de una actividad política. Por ejemplo, Felipe Agirre, del PNV, fue detenido y torturado en abril de 1968, cuando participaba junto a un compañero en labores de propaganda con motivo del Aberri Eguna clandestino.

Mikel Azpillaga Camio resultó herido por disparos de la policía de paisano en 1975, cuando repartía octavillas del Partido Comunista. Varias víctimas, como Azpillaga, han fallecido ya y no podrán recibir de primera mano este reconocimiento.

Otros casos ponen sobre la mesa la existencia de detenciones casi obsesivas y reiteradas contra una misma persona. Luis Fermín Orueta, de Eibar, fue arrestado y torturado en varias ocasiones entre 1973 y 1976. La primera vez que fue detenido, tenía 18 años. Cayetano Otaegi, por su parte, fue capturado en número superior a diez veces entre 1974 y 1981 y nunca fue juzgado por delito alguno.