- La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, presentó ayer un conjunto de acciones dirigidas al empleo, la inclusión social y el acceso a la vivienda con una inversión de 7,9 millones de euros. Se trata de cinco convocatorias anuales que en esta edición van a tener "una especial relevancia para combatir los efectos que el COVID-19 tiene entre las personas más vulnerables", destacó la consejera en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Andrés Carbonero.
La responsable del departamento de Derechos Sociales advirtió de que "el post-covid va a ser duro" y destacó que desde el Gobierno foral "ya se está trabajando en medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales", una crisis que "va a tener mayor incidencia en grupos y colectivos que vivían en situaciones de precariedad y vulnerabilidad". "Ya están saltando algunas alarmas a las que estamos respondiendo", afirmó Maeztu, para remarcar que ahora "toca redoblar esfuerzos" y que, por ello, el Gobierno foral "ha considerado prioritaria la publicación de estas cinco convocatorias" por valor de 7,9 millones.
Dos de las convocatorias tienen como objetivo facilitar el acceso al empleo y están dirigidas a colectivos vulnerables, principalmente personas receptoras de renta garantizada con una inversión de 6,6 millones de euros. Según indicó la consejera Maeztu, "estas ayudas se han incrementado de manera importante en los últimos cinco años, en 3,7 millones".
Otras dos de las convocatorias publicadas tienen como objetivo "el desarrollo de acciones para la promoción social y acceso a la vivienda de colectivos más vulnerables", por valor de 1,5 millones. La quinta convocatoria tiene como objetivo "facilitar el acceso a la vivienda de familias monoparentales en situación de hacinamiento", por valor de 200.000 euros.
En concreto, según detalló Andrés Carbonero, la primera convocatoria, dotada con 5.255.593 euros, está dirigida al desarrollo de programas de empleo social protegido por parte de entidades locales titulares de servicios sociales de base.
Este año la convocatoria presenta como novedad que no incluye la financiación de profesionales de apoyo técnico, puesto que el nuevo decreto de financiación de los servicios sociales que está en proceso de aprobación contempla la contratación de estos profesionales en el marco de esta financiación. En cambio, sí mantiene que los ayuntamientos puedan contratar a personas en situación de exclusión social, prioritariamente perceptoras de renta garantizada, con dificultades para el acceso y mantenimiento de puestos de trabajo normalizado.
Por su parte, la segunda convocatoria, con una dotación global de 1.403.993 euros, procedente de la partida económica del Fondo 0,7% del IRPF para "fines sociales", permitirá realizar actuaciones destinadas a personas desempleadas, dentro de dos modalidades.
Por una parte, se destinarán 703.993 euros a proyectos integrales de acompañamiento en itinerarios de inserción socio-laboral, incluidas acciones de carácter prelaboral, de capacitación personal y formación ocupacional y prácticas en empresas. Además, como en ediciones anteriores, se apoyará la contratación de personas beneficiarias de renta garantizada y jóvenes menores de 30 años en situación o riesgo de exclusión social, línea a la que se dedicarán 700.000 euros.
Por otro lado, el conjunto de medidas contempladas en el apartado de proyectos de inclusión y protección social de grupos vulnerables, dotado con 789.955 euros, contempla distintas modalidades de actuación, según colectivos.
Además, se realizarán actuaciones en materia de vivienda de integración social de los colectivos más desfavorecidos. También se incluyen aquellas encaminadas a mejorar la convivencia en entornos vulnerables, tanto en barrios como municipios, identificando dónde puede haber conflictos para detener o paliar procesos de segregación y exclusión residencial.
En 2020 se ha previsto un presupuesto de 300.000 euros para ambas modalidades (programa VAIS y otras actuaciones socio-residenciales). El programa VAIS se basa en promociones anuales de vivienda nueva de la sociedad pública Nasuvinsa y de otras promotoras privadas que ceden un porcentaje de viviendas al programa, y de otras provenientes de la bolsa de alquiler.
Por último, el Boletín Oficial de Navarra publicó ayer la aprobación de ayudas al alquiler de vivienda para familias monoparentales, en riesgo de exclusión social, que vivan en una sola habitación de una vivienda compartida (lo que se considera condiciones de hacinamiento), y con ingresos insuficientes. La dotación inicial aprobada es de 200.000 euros, ampliable en 100.000 más.
