Con el objetivo de que en España se apruebe un ordenamiento jurídico sobre protección animal que sea reflexivo y realista, que favorezca el bienestar animal desde los postulados de la ciencia y que deje a un lado los prejuicios existentes, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha preparado un decálogo con las propuestas más importantes del sector cinegético al anteproyecto de Ley de Bienestar Animal.

La meta que persiguen estas recomendaciones es que se compatibilice la caza con la tenencia responsable de los animales empleados en esta actividad y con las normativas de protección de los animales que rigen en las diferentes comunidades autónomas. En Navarra, sin ir más lejos, la Federación Navarra de Caza (FNC) lleva más de un año trabajando y reuniéndose con el Ejecutivo foral y las fuerzas del Parlamento para que en la Comunidad foral no se deje en una posición desfavorable a los cazadores frente a las exigencias, muchas veces irracionales, de los colectivos animalistas.

Desde la FNC y la RFEC se subraya que la caza es una actividad esencial, cultural, tradicional y sostenible, y que, por tanto, debe ser respetada en la aplicación de las leyes de protección y bienestar animal. Una situación que no siempre se da, como ocurre precisamente en Navarra, donde la última normativa aprobada, la Ley Foral de Protección de los Animales de Compañía, representa un ataque frontal a la caza, al conllevar una situación de indefensión del colectivo cinegético frente a grupos radicales obsesionados con poner fin a esta actividad, sin comprender que la caza reglada es una herramienta indispensable para la gestión sostenible de la naturaleza. Una realidad que, además, se complementa con otros beneficios indiscutibles, como el apoyo a un mundo rural cada vez más despoblado y en peligro.

Para que los cazadores no sean víctimas desprotegidas del fundamentalismo de determinados grupos animalistas, el sector defiende la necesidad de que se les brinde una seguridad jurídica que en Navarra hoy en día no existe, una situación que se corregiría con la inclusión de los perros empleados en la caza en la lista de excepciones de la mencionada ley foral. Ese punto es, de hecho, una de las diez recomendaciones trasladadas a los gobiernos por la RFEC.

Se propone que los perros de caza no sean categorizados como animales de producción ni de compañía, sino como animales de trabajo, de utilidad o de deporte. Pero, además, y para incrementar su protección, se insiste en que se monitoricen oficialmente las causas de abandono, para actuar en su prevención y erradicación. También se solicita que haya control de la cría, pero no esterilización obligatoria; y que se unifiquen las normativas autonómicas que afectan directamente a la ordenación zootécnico-sanitaria y al bienestar de estos animales.

Más allá de estas medidas, la entidad reclama que la Ley de Bienestar Animal en España y todas aquellas normativas que versen sobre este aspecto en las diferentes autonomías tengan determinado claramente su ámbito de aplicación y sean el resultado de un consenso técnico con los agentes implicados y afectados. En este sentido, los cazadores estiman oportuno que se armonice el concepto científico, técnico y jurídico de “maltrato animal”. Para ellos, por ejemplo, la definición más coherente y justa sería “toda aquella conducta por acción o intencionada mediante la cual se inflija a un animal daño o sufrimiento grave, social y legalmente no justificado o innecesario”. Por tanto, quedaría claro que la caza reglada nunca podría considerarse como un maltrato animal.

Por último, se subraya la idoneidad de que se aborde la coyuntura actual del bienestar animal apoyándose en la difusión, la formación y la participación pública que posibilita la RFEC y sus federaciones autonómicas, que son los elementos más básicos y fundamentales en la divulgación de la protección animal entre los cazadores.