pamplona - ELA quiere impugnar la orden foral que articula los convenios entre el Servicio Navarro de Empleo (SNE) y los sindicatos UGT y CCOO, y la patronal CEN, por “considerar que ampara la impartición de formación ilegal”, explicó Sonia Ontoria, abogada del sindicato; además de solicitar que se devuelva el dinero público utilizado para este fin.

ELA presentó el viernes un recurso en el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 contra uno de esos convenios: el que rubricó el SNE con UGT sobre itinerarios de empleabilidad, dotado con 1,642 millones en 2015. El responsable del sindicato en la Comunidad, Mitxel Lakuntza, explicó que hubieran preferido seguir la misma línea con CCOO y la CEN. Pero expusieron por qué han actuado así: “Es uno de los programas de mayor cuantía, en el que las pruebas están más claras. Además, así evitamos un mayor pago si no prospera el recurso, porque se nos condenaría a cubrir las costas”, dijo Ontoria.

A esto Lakuntza añadió: “Si no hubiera sido por Gallardón -el exministro de Justicia-, habríamos hecho lo mismo con CCOO y la CEN, pero Gallardón cambió la ley y estableció una condena en costas en caso de que se pierda la denuncia”.

ELA ha solicitado que declaren ante el juez la exconsejera de Economía Lourdes Goicoechea, las dos anteriores directoras del SNE Maribel García Malo e Imelda Lorea, la actual responsable del SNE, Paz Fernández, y el secretario general de UGT, Javier Lecumberri, entre otros.

los antecendentes Iñaki Zabaleta, del Gabinete de Estudios, explicó que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió en 2015 cambiar la normativa estatal sobre cursos de formación tras los escándalos en este ámbito. “Suprimió el coto de la exclusividad en la asignación directa de subvenciones a sindicatos y patronal y estableció el sistema de concurrencia abierta, es decir, que cualquier empresa o centro opte a impartir la formación”.

Se trata de una “normativa estatal de obligado cumplimiento”, resaltó Zabaleta; pero “el Parlamento foral, con los votos de UPN y PSN y las abstenciones de I-E y PP, aprobó la Ley Foral 7/2015 de 18 de marzo, que regula los convenios del SNE con UGT, CCOO y la CEN”, detalló Ontoria. La abogada resaltó que “para ELA, esta orden otorga dinero público de manera directa para que estas organizaciones impartan formación, pero ocultándola bajo otra denominación”.

El sindicato presentó seis recursos de alzada contra los convenios nominativos otorgados a UGT, CCOO y la CEN al considerarlos “ilegítimos, antidemocráticos e ilegales, bajo el mandato de UPN”. Pero, “el Ejecutivo de Barkos ha respaldado esta actuación y los da por buenos”.

la primera vez que se judicializa Ante la respuesta del Gobierno, ELA ha decidido “llevar al juzgado por primera vez el entramado de subvenciones del SNE a favor de UGT, CCOO y la CEN”, denunció Lakuntza. El coordinador de ELA calificó de “incomprensible que el Ejecutivo de Barkos dé continuidad a las políticas de UPN”, y destacó que “Derechos Sociales está a tiempo de rectificar, porque aunque las partidas están presupuestadas, todavía no se han ejecutado en 2016”. Además, insistió en que “ELA no ha entrado en el SNE porque para pelear hay que estar fuera”, y remarcó que “con la demanda pretenden anular este convenio, que se devuelva el dinero y que la formación se imparta desde lo público”. Aunque fue más allá, al resaltar que “de sentenciarse la ilegalidad de dicho convenio, el Gobierno foral debería ser coherente y anular los programas de 2015 valorados en 5,5 millones, y suprimir los de 2016”. Lakuntza concluyó diciendo que “este juicio busca demostrar la financiación clientelar de UGT, CCOO y CEN durante, al menos, los últimos 20 años”.